Acusan a Colom de ordenar asesinato

Un abogado asesinado el domingo en la capital guatemalteca dejó un video que se difundió este lunes por la prensa local, en el cual acusa de su ejecución al presidente Alvaro Colom, a lo que el gobierno respondió que se trata de una "conspiración" para desestabilizar el país.

"En aras de que la verdad salga a la luz, el gobierno está dispuesto a pedir apoyo a cualquier país u otro organismo internacional para que se aclare el crimen" del abogado Rodrigo Rosenberg, afirmó en rueda de prensa el vocero presidencial, Fernando Barillas.

Barrillas dijo que la divulgación del video y un mensaje de texto en el que la víctima responsabiliza a Colom y sus más cercanos colaboradores de su muerte, pretenden crear una situación de zozobra en Guatemala.

En la grabación, colgada en los portales de los diarios locales Prensa Libre y El Periódico, se observa al abogado sentado en un escritorio explicando las razones por las cuales habría sido ordenado su asesinato.

El portavoz anunció que el gobierno pidió colaboración en la investigación y esclarecimiento del asesinato a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), avalada por las Naciones Unidas y dirigida por el jurista español Carlos Castresana.

El fiscal general, Amílcar Velásquez, dijo a periodistas que primero determinarán la autenticidad del video y procederán a la investigación del caso.

Rosenberg fue acribillado el domingo cerca de su residencia en la exclusiva zona 14 de la capital mientras paseaba en bicicleta.

La grabación es acompañada por un documento publicado por el Diario La Hora, de Guatemala.

Ley de antejuicio

¿Qué procede?

Con la denuncia de Rodrigo Rosenberg, ahora el Ministerio Público debe investigar, y si determina que hay elementos suficientes para seguir un procedimiento contra los funcionarios señalados, debe plantear una acción de antejuicio.

Esa acción se presentará en la Corte Suprema de Justicia, que calificará previamente si hay elementos para que se inicie la causa. Luego, la debe trasladar al Legislativo.

El Congreso lo debe hacer saber al pleno, el cual en su siguiente sesión ordinaria iniciará el trámite, que no debe superar los siguientes ocho días.

En esa sesión se integrará con cinco diputados una comisión pesquisidora, la cual investigará y redactará un informe, para que el pleno decida sobre el futuro de la inmunidad de los acusados.