Nicaragua
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicación y Correos (Telcor) anunció que revisará la situación legal de algunas radioemisoras que supuestamente operan al margen de la ley, tras justificar el reciente cierre de un medio opositor al gobierno por posibles ilegalidades.
“Están en trámites (investigación) algunas radios más”, informó el presidente ejecutivo de Telcor (ente regulador), Orlando Castillo, en declaraciones publicadas ayer por el Nuevo Diario.
Explicó que entre los casos que están en estudio figuran dueños de radios que operan con mayor potencia que la autorizada en el contrato original, medios que no han actualizado su situación legal y solicitudes de nuevas frecuencias.
El funcionario no precisó el número de radioemisoras que estarían en la cuerda floja y negó que el proceso tenga connotaciones políticas. “Si tiene derechos se los damos, sean liberales, conservadores, católicos, evangélicos”, dijo.
Cierre de radio Ley
Telcor clausuró el viernes pasado los equipos de Radio Ley, una emisora opositora al gobierno de Daniel Ortega, que funcionaba desde 2004 en la norteña ciudad de Sébaco, alegando violaciones de la Ley de Telecomunicaciones, denunció su propietario, Santiago Aburto.
Según Telcor, la emisora fue cerrada porque Aburto no salió al aire en el plazo establecido en el contrato, no comunicó las razones ni pidió una prórroga para comenzar a funcionar, por lo que su frecuencia “desapareció”. “Es como si vas a hacer un préstamo al banco, te lo dan y no lo llegas a retirar”, argumentó el funcionario.
Aburto, en cambio, adujo que su licencia vence este año, que ha pagado todas sus obligaciones a Telcor y el fisco entre 2004 y 2009.
El empresario radial insistió en que se trata de una “pasada de cuentas” del gobierno, porque “estoy trabajando desde hace cuatro años con (el opositor) Eduardo Montealegre y no lo oculto”.
Por su parte, el presidente de la Unión Nicaragüense de Radiodifusores (Unir) Jesús Miguel “Chuno” Blandón, dijo que la base legal del cierre de radio La Ley está en la misma Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales, sin embargo, la confiscación de sus equipos de parte de la Dirección General de Aduanas (DGA) es una violación a la Constitución Política del país.
“La Ley 200 es polémica desde el punto de vista legal porque tiene muchos vacíos jurídicos”, aseguró Blandón, según informa al explicar que esta norma jurídica da un plazo de seis meses después de otorgada la licencia y que son prorrogables a un año para que una radio entre al aire, pues de no ser así, la licencia es cancelada automáticamente.
Para mañana 24 de junio, Unir convocó a reunión a todos sus miembros para discutir y hacer frente a la promulgación de una nueva Ley 200, que impulsan el diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eliseo Núñez Hernández, y el diputado independiente Mario Valle, que entregaría concesiones de frecuencias de radio y televisión mediante subasta o licitación pública y prohibiría la herencia de frecuencias.
* Reacción: Periodistas y directores de medios radiales de los departamentos reaccionaron en contra del cierre de la emisora, calificando la acción de antidemocrática.