Con violencia y gases disuelve Hugo Chávez protesta pacífica

Una gran tensión se vivió en Caracas cuando centenares de opositores y partidarios de una ley gubernamental sobre educación se enfrentaron a inmediaciones de la sede del parlamento.

Varios centenares de estudiantes y profesores fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía cuando intentaban acercarse al Parlamento para mostrar su oposición a esta futura ley. Reporteros de una televisión privada denunciaron también que habían sido agredidos por seguidores del gobierno.

Cientos de manifestantes se dispersaron cuando policías con equipos antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra la multitud, congregados en los alrededores de la Asamblea, que paralelamente comenzó el debate sobre el proyecto de ley que ampliaría el control estatal en las escuelas públicas y privadas.

La nueva ley de Educación determinaría que las clases se basen en la llamada "doctrina bolivariana", en una referencia a los ideales defendidos por el prócer Simón Bolívar, como la autodeterminación nacional y unidad latinoamericana.

Educar o domesticar

"Educar y no domesticar", rezaba una pancarta de los detractores de esta ley, separados por efectivos policiales de otro grupo de manifestantes.

Sus críticos advierten que Chávez utiliza el término "bolivariano" porque así describe a su movimiento político izquierdista, y en consecuencia algunos temen que su gobierno tiene intención de conquistar los corazones y las mentes a través de adoctrinamiento socialista en las aulas.

"No usan la palabra ‘socialismo’, pero eso es lo que quieren introducir en nuestras escuelas", dijo Ray González, un ingeniero de 59 años.

Los representantes de la Iglesia Católica Romana de Venezuela -la institución religiosa más prominente del país- se opone a la prohibición del proyecto de ley sobre la enseñanza religiosa durante el horario escolar regular y expresó su preocupación de que las nuevas normas son, en última instancia, destinadas a debilitar la influencia de la iglesia en las aulas.

Paralelamente, un nutrido grupo de defensores de este proyecto de ley llegó a las puertas del órgano legislativo para pedir su aprobación inmediata por el Parlamento, de mayoría oficialista.

"Rechazamos las mentiras sobre la ley y decimos a la Asamblea Nacional ‘adelante’, que aprete el acelerador para aprobar la ley", declaró el presidente de la Federación Bolivariana de Estudiantes, Carlos Sierra.

"Educación primero para el hijo del obrero y educación después para el hijo del burgués", cantaban los simpatizantes del gobierno.

El proyecto de ley sobre educación fue aprobado en una primera discusión en 2001 y volvió a ser presentado al Parlamento con modificaciones la semana pasada, para que fuera ratificado en una segunda lectura.

Pero sus detractores subrayan que este proyecto no es el mismo que fue aprobado en 2001 y, por tanto, hay que comenzar el proceso de cero. Además, denuncian que el texto prevé una especie de "adoctrinamiento" y da un papel preponderante al Estado.

El ministro de Educación, Héctor Navarro, señaló que las ideas que plantea este proyecto "son la democracia, la libertad, la herencia libertadora y la historia caribeña".

"Por décadas evitaron que los pueblos piensen, por lo que evitan por todos los medios que se le den herramientas, con la idea de continuar pisoteándolo", denunció el responsable.

* Burlas: El gobierno se ríe de la iglesia católica cuando los obispos afirman que Chávez pretende sacar a Dios de las aulas venezolanas.

Piden anular cierre de radios

El empresario radial Nelson Belfort antepuso ayer un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la medida administrativa que sacó del aire a cinco de las emisoras del Circuito Nacional Belfort (CNB), del cual es presidente.

"Con este recurso pretendemos que el Tribunal Supremo considere y haga justicia en lo que se está planteando y también interpusimos una medida cautelar porque a nosotros no se nos permitió el derecho a la defensa", dijo Belfort a la prensa.

"Fue un proceso injusto. No se nos permitió estar abiertos, sino sencillamente fue una medida de extinción de la concesión", agregó. A principios de mes, dos televisoras locales y 32 emisoras de radio, incluyendo cinco de CNB, salieron del aire por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quien aseguró que operaban su concesión de forma ilegal.

Otras 200 estaciones están también amenazadas con la pérdida de su concesión. Desde que salieron del aire, varias de estas emisoras de radio hacen sus programas en la calle y transmiten a través de internet.