Venezuela
Salir con una pancarta y trancar una calle para reclamar por la falta de agua, por el mal estado de una escuela, por el incumplimiento en el pago de los sueldos o para expresar su disconformidad con una autoridad le ha costado a 2,220 venezolanos tener que estar sometidos a un proceso penal, en casi 9 años.
Esta cifras fueron divulgadas ayer por la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción(Provea).
El coordinador de Provea, Marino Alvarado, considera que la Fiscalía "criminaliza" las protestas con el pretexto de que estas personas "alteran la paz pública".
Alvarado criticó las medidas tomadas por la fiscal general, Luisa Ortega, de iniciar investigaciones penales contra los 120 universitarios que se manifestaron contra la decisión del gobierno de Chávez de poner fin a la concesión de la cadena opositora Radio Caracas Televisión (RCTV), en mayo de 2007. Provea ha obtenido estas cifras de las informaciones publicadas por el Ministerio Público, por organizaciones sindicales y campesinas y por los medios de comunicación, según informa el diario venezolano El Universal.
Campesinos en la mira
El diario también indica que el movimiento campesino Jirajara denunció meses atrás que los trabajadores del campo son una de las principales víctimas de la criminalización de la protesta. En abril, la organización oficialista informó que 1,507 pequeños agricultores se encontraban en libertad condicional, debido a sus actividades en pro de la guerra contra el latifundio iniciada por el gobierno.
El diputado Braulio Álvarez ha encabezado distintas movilizaciones hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Ministerio Público para reclamar el fin de los procesos contra los campesinos y para exigir que se identifique y sancione a los autores de los asesinatos de los más de 200 líderes agrarios ocurridos en los últimos años.
A las cifras de Jirajara, Provea suma también las de los distintos sindicatos, los cuales reportan que 150 trabajadores tienen abiertos expedientes en el Ministerio Público por ejercer sus derechos a la manifestación y asociación.
Igualmente, Alvarado recordó que solo en 2007 la Fiscalía inició investigaciones penales contra 120 estudiantes universitarios por participar en las protestas contra el fin de la concesión a Radio Caracas Televisión. "Estas cifras son conservadoras, porque hay casos como las manifestaciones de las barriadas y caseríos, que no salen a la luz pública. Hay muchos dirigentes comunitarios sometidos a procedimientos por protestar", sentenció.
Manifestación
La oposición venezolana convocó a una manifestación el 5 de septiembre para rechazar lo que considera una criminalización de las protestas por parte del gobierno de Chávez, informó ayer el alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma.
"Toda esta escalada lo que busca es violentar las vías pacíficas y constitucionales", señaló Ledezma, refiriéndose a las palabras de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien pidió hace unos días el "enjuiciamiento" de "quienes alteren la tranquilidad y la paz pública".
Ortega señaló que los opositores buscan "crear caos y desestabilizar al gobierno" de Chávez.
Declaraciones: El domingo, en rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Chávez aseguró que en Venezuela no se persigue a nadie por lo que piense o haga.
Oposición acude a Internacional Socialista
La oposición solicitó apoyo a los partidos de la Internacional Socialista ante los procesos judiciales que afectan a adversarios del presidente Hugo Chávez, algunos de los cuales han resultado detenidos tras manifestaciones callejeras.
El dirigente Henry Ramos Allup dijo ayer a la prensa que la petición fue dirigida a partidos de España, Panamá, Perú, República Dominicana, Francia, Chile, Grecia, Argentina, Costa Rica y Colombia, que integran la Internacional Socialista, ante lo que consideró como el "fusilamiento judicial" que han emprendido los organismos estatales contra algunos opositores que están sometidos a procesos penales.
"Estamos esperando en breve término que se produzcan algunos comunicados de angustia, de preocupación y eventualmente de respaldo para lo que está ocurriendo en Venezuela", agregó Ramos Allup, directivo del partido Acción Democrática.