Garzón declara por un supuesto delito de prevaricación

El juez Baltasar Garzón compareció ayer en un tribunal, pero esta vez no como magistrado, sino como sospechoso de haber excedido los límites de sus competencias al intentar abrir una causa general sobre los crímenes de la guerra civil española y la dictadura franquista.

Garzón recorrió en auto los apenas 150 metros que separan la sede de la Audiencia Nacional de Madrid, en la que trabaja, del Tribunal Supremo, donde declaró a puerta cerrada durante tres horas y media.

Ni al entrar ni tampoco al salir, quiso hacer comentario alguno ante la nube de periodistas que le esperaba. Una decena de simpatizantes aplaudió y jaleó a Garzón, un juez que ha copado durante años los titulares de medio mundo gracias a procesos tan mediáticos como el del ex dictador chileno Augusto Pinochet y a Osama bin Laden, entre otros.

No es habitual ver a un juez español investigado, pero el Supremo aceptó en mayo una demanda presentada por el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias que acusa a Garzón de prevaricación -el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta- por iniciar en 2008 el primer gran proceso en España sobre las desapariciones de decenas de miles de personas durante la guerra civil (1936-1939) y los primeros años de la dictadura del general Francisco Franco.

Garzón negó reiteradamente mala praxis. Después de su testimonio, el Supremo deberá decidir en un plazo indeterminado si acusa formalmente al magistrado, lo que podría apartarle de la carrera judicial, o archiva el caso.