EE UU devuelve visa a políticos señalados por corrupción

Mientras en Honduras las autoridades de Estados Unidos han revocado las visas a funcionarios y empresarios por sus posiciones políticas, en Nicaragua comenzaron a regresar los visados que les habían quitado a destacados líderes del Partido Liberal Constitucionalista, entre 2002 y 2007.

El magistrado electoral Luis Benavides y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Iván Escobar Fornos y Edgard Navas, fueron llamados, de forma individual, por la cónsul en Managua y un alto oficial político para explicarles que la decisión había sido tomada en el Departamento de Estado, según una nota difundida por Trincheradas de la noticia en su versión digital.

Según destaca la nota, cada vez que una visa fue quitada a un dirigente liberal, después del año 2002, la embajada de Estados Unidos y el Consulado lo informaba de inmediato a los medios noticiosos e insistía que la decisión había llegado del Departamento de Estado y que era por presuntos actos de corrupción o el Acta Patriótica.

"Se tiene que tener información y pruebas sobre ello (supuestos actos de corrupción), es algo que se revisa caso por caso y es una decisión que se hace desde Washington", explicó a la prensa en junio de 2005, la consejera para Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, Marcia Bosshardt.

Funcionarios de Alemán

Los funcionarios afectados pertenecían a la administración del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), la que estuvo marcada por muchos actos de corrupción. La organización Transparencia Internacional ha calificado a Alemán entre los primeros diez gobernantes más corruptos al nivel mundial en los últimos 20 años. Un año después, cuando suspendieron el visado a miembros de la familia Alemán Cardenal y al fiscal general de la República, doctor Julio Centeno Gómez, la explicación fue similar.

Alemán fue enjuiciado por los cargos de lavado de dinero, encontrado culpable y sentenciado a 20 años de prisión.

Shah agregó que en el caso del fiscal Centeno la decisión fue tomada en base a la Sección 212 de la Ley Patriótica "que prohíbe la entrada a todo funcionario público del que se tenga conocimiento que está involucrado en actos de corrupción".

En 2005, la agregada de prensa de Estados Unidos en Managua, Preeti Shah, comentó, "puedo confirmar que esas tres personas no pueden ingresar a territorio estadounidense por órdenes del gobierno de mi país".

En el caso de Carlos Miguel Alemán, explicó que se le aplicó la misma Sección de la Ley Patriótica relacionada "a las personas que se hayan visto beneficiados por actos de corrupción".