Crisis política amenaza con trasladarse a las calles

Para el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, todo está dicho. En cadena nacional, Ortega aseguró que la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le permite competir en las elecciones nacionales "es inapelable y está escrita en piedra".

Esa polémica decisión generó un nuevo conflicto político en Nicaragua, que amenaza con trasladarse a las calles.

Centenares de seguidores del gobernante Frente Sandinista salieron a las calles el martes para "celebrar" y "defender" la resolución, luego de que sectores civiles y políticos de oposición la rechazaran y anunciaran que convocarían a protestas.

Ortega preguntó a sus adversarios en tono desafiante, en un acto realizado el martes, "cuál es el miedo" de que él vuelva a ser candidato presidencial.

Afirmó que la cuestionada sentencia "es inapelable" porque "está escrita en piedra", y en tono irónico llamó a los líderes opositores a que "se tranquilicen, que no se ahoguen en un vaso de agua". Según La Prensa de Nicaragua, fue tan surtido el discurso de Ortega en la Casa de los Pueblos, adonde estuvieron presentes todos los alcaldes beneficiados con la sentencia de la Corte y los miembros del gabinete, que hasta dijo que "en Nicaragua sobran los ‘güevos’ (coraje, valentía)", y habló del nuevo proyecto de irrigación que promueve.

Protestas

Las voces de protestas fueron alzadas por toda la oposición: el Partido Liberal Constitucionalista (derecha), la Bandada Democrática Nicaragüense (derecha) y el Movimiento de Renovación Sandinista (centroizquierda).

Organizaciones sociales críticas al gobierno, como Hagamos Democracia, condenaron "de manera firme y absoluta esta sentencia aberrante y oportunista" que afecta el "proceso democrático".

El Movimiento por Nicaragua acusó a Ortega de querer "perpetuarse en el poder" y miembros del Poder Judicial de adjudicarse atribuciones del Congreso.

El ex presidente del máximo tribunal, Alejandro Serrano, afirmó que "la Corte no tiene potestad para declarar inconstitucional la Constitución" en virtud de un recurso judicial.

La sentencia también profundizó el conflicto dentro de la politizada Corte Suprema de Nicaragua, integrada por 16 jueces, de los cuales ocho son sandinistas, siete liberales y un puesto está vacante.

Mientras el presidente de la Suprema, el liberal Manuel Martínez, aseguraba que la sentencia era "ilegal, inexistente e inoperante", su vicepresidente, el sandinista Rafael Solís, insistía en que es un caso "cerrado".

Por su parte la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amchan), expresó a través de un comunicado que después de haber analizado el caso con expertos constitucionalistas concluyó en que la Sala Constitucional de la Corte, "violentó la forma y el fondo" y "actuó contra toda lógica jurídica promoviendo decisiones que no responden más que a ambiciosos intereses personalísimos, por todos conocidos".

El Movimiento por Nicaragua (MPN), el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAN), la Coordinadora Civil (CC), Hagamos Democracia (HD) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, todos organismos de la sociedad civil, han emitido comunicados protestando por la sentencia.

El MPN dijo que la sentencia viola los artículos 2 y 3 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por lo tanto debe recurrirse a ella.

En Washington, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que "estamos preocupados por los reportes desde Nicaragua, de que ha habido maniobras ilegales que podrían dificultar que la población nicaragüense considere de manera abierta y transparente la posibilidad de la reelección presidencial".

Los sandinistas desestimaron las críticas y argumentaron que así como la comunidad internacional aceptó que se modificaran las normas para permitir que se postularan nuevamente Óscar Arias en Costa Rica (de manera no consecutiva) o álvaro Uribe en Colombia, también debían hacerlo en Nicaragua.

Antecedentes de fraude

En Nicaragua, el tema de fraude no es nuevo, mucho menos si salpica a su actual gobernante. Y es el pueblo nicaragüense quien paga las consecuencias.

Actualmente la Comisión Europea mantiene suspendida su ayuda a Nicaragua, calculada en 97 millones de dólares, tras los cuestionados comicios municipales de 2008, calificados como fraudulentos por la oposición local, por identificar en el país incumplimientos de gobernabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.

* El articulo: 147 Limitaba las posibilidades de reelección del presidente Daniel Ortega, por ser el actual mandatario y porque ya lo ha sido dos veces, pero tras el fallo quedó anulado.

Oposición ya piensa en la elección presidencial de 2011

La oposición nicaragüense permanecía sin una estrategia clara este miércoles ante la sorpresiva decisión de la justicia de permitir la reelección al presidente Daniel Ortega, quien consideró "irreversible" la sentencia.

Pese a las reuniones y críticas a la sentencia de la justicia que el lunes invalidó sorpresivamente un artículo de la Constitución que impedía la reelección presidencial, la derecha parecía haberse hecho ya a la idea de enfrentar a Ortega en las urnas en las elecciones presidenciales de 2011.

"Le vamos a dar una soberana sopapeada (derrota) en el 2011 porque vamos a ir unidos todos esos chingastes (fracciones)", dijo a la prensa el diputado y ex candidato presidencial Eduardo Montealegre, antes de reunirse con el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002) este miércoles.

No obstante, Montealegre manifestó que tienen los votos para paralizar el Congreso y revertir la medida con el bloqueo de leyes de interés del Gobierno como el Presupuesto de 2010 y una Reforma Tributaria.

Los sandinistas advirtieron este miércoles que Nicaragua podría perder más de 400 millones de dólares en préstamos y ayuda externa programada para el 2010, si la oposición paraliza los debates del Congreso.

Pero pese a las reuniones con su otrora rival político, Montealegre, Alemán parece haber dado por hecha la decisión de la justicia al señalar a la AFP que "cuando se dé el momento de inscribir la candidatura" de Ortega, su partido lo rechazará porque esa es una sentencia que "no tiene validez".