España
Un juez español acusó al gobierno venezolano de Hugo Chávez de amparar la relación entre la banda separatista vasca ETA y la guerrilla colombiana de las FARC y dijo que las dos organizaciones colaboraron para atentar contra el presidente colombiano Álvaro Uribe.
En un auto judicial de 26 páginas, el magistrado Eloy Velasco procesó a seis activistas de ETA, la mayoría exiliados en Cuba y Venezuela, y a siete de las FARC por distintos delitos de integración terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer homicidios.
"Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA", afirmó Velasco, quien culmina con estas acusaciones una investigación iniciada en 2008.
Capacitaciones etarras
Por ejemplo, el juez relata que en 2007, dos activistas de ETA impartieron un curso sobre manejo de explosivos a varios miembros de las FARC en algún punto de Venezuela al que accedieron con escolta militar de la inteligencia venezolana.
Uno de los organizadores del entrenamiento fue el presunto etarra Arturo Cubillas Fontán, señalado como la persona clave en la cooperación ETA-FARC. Según el juez, Cubillas Fontán reside en Venezuela, donde en 2005 fue nombrado por Chávez director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura.
Cubillas era responsable del colectivo de ETA en esa zona desde 1999.
El juez aseguró que mientras los activistas etarras se entrenaban en campos de las FARC, miembros de la guerrilla colombiana se desplazaron a España para planear atentados contra la vida del presidente colombiano Álvaro Uribe y la de su antecesor Andrés Pastrana.
Velasco aseguró que el guerrillero de las FARC Víctor Ramón Vargas Salazar, alias "Chato", viajó a España en el 2000 para vigilar los movimientos en torno a la embajada de Colombia en Madrid.
Vargas Salazar informó, según el magistrado, que asesinar a Pastrana y atacar la sede consular "no sería difícil" si se contaba con la ayuda de ETA.
Posteriormente, en 2003, cuando Pastrana dejó la presidencia y vivía en Madrid, la organización etarra comunicó a las FARC que sería sencillo localizar al ex mandatario.
El gobierno español ya pidió explicaciones a Chávez.
"Estamos a la espera de esa explicación por parte del gobierno de Venezuela y en función de la explicación y de las manifestaciones que realice el gobierno de Venezuela, actuará el gobierno de España", añadió.
Por su parte, Venezuela calificó de "inaceptable" la denuncia del juez español.