Acusan a Ortega de usar delincuentes en protestas

Los medios nicaragüenses publicaron este sábado las reacciones sobre los últimos hechos violentos en Nicaragua, sumida en una grave crisis por una pugna entre el gobierno izquierdista y la oposición por un decreto dictado por Daniel Ortega en enero, que prorrogó el mandato de funcionarios, a pesar de que la facultad para ello correspondía al Parlamento.

El Nuevo Diario, cita declaraciones de Vilma Núñez, Presidenta Ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien dijo estar preocupada por la nueva forma de terrorismo de Estado, practicado por el partido de gobierno mandado por Daniel Ortega, utilizando delincuentes y aparentemente hasta a miembros de las “maras” salvadoreñas.

De acuerdo al rotativo, Núñez indicó que nunca había visto esta forma de actuar por parte de un gobierno, utilizando a delincuentes comunes en acciones políticas violentas, como parte de sus presiones políticas contra la oposición.

Asimismo, rechazó el ataque sufrido contra el vicepresidente Jaime Morales Carazo, cuyo vehículo no se salvó de la violencia orteguista, al ser agredido a pedradas y morterazos.

También rechazó la violencia contra los periodistas, y consideró lamentable la manipulación de los divulgadores oficialistas, utilizados como azuzadores, mandados a confrontar y a agredir a los políticos opositores alejándose de su carácter ético y profesional.

Por su parte, el diputado liberal Francisco Valdivia presentó un listado de al menos 20 personas como responsables de “los actos vandálicos”, de los que fue víctima el miércoles pasado frente a las instalaciones del Movimiento Vamos con Eduardo, donde le quemaron su camioneta al igual que al concejal opositor Luciano García, informó La Prensa de Nicaragua.

"Valdivia manifestó que, en la denuncia presentada el jueves ante el Distrito Cinco de la Policía, mencionó a las personas que ellos reconocieron que se encontraban entre la turba de orteguistas que los sitió el miércoles y en su mayoría oriundas de Masaya, y algunos ostentan puestos públicos o trabajan en la Alcaldía de esa ciudad", cita el diario nicagüense.

Los funcionarios deploraron, además, que los hechos tuvieran lugar de la forma más impune frente a oficiales de la Policía Nacional, los que no hicieron nada por impedir el vandalismo. Los perjudicados mostraron ante la CPDH un vídeo que demuestra los destrozos provocados por los atacantes.

La CPDH introducirá un recurso de amparo por omisión contra la Policía Nacional, anunció Carmona. “No es posible que la Policía Nacional esté apañando y sea cómplice de estos actos vandálicos que están generando mucha violencia en este país”, sostuvo Carmona.

Sandinistas avalan turbas y obispos piden diálogo

El presidente de la Asamblea Nacional René Núñez desconoció ayer la resolución con la que diputados opositores buscaban anular un decreto del presidente Daniel Ortega que prorroga en sus cargos a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Mientras, el estadounidense Departamento de Estado condenó el asedio de grupos oficialistas hacia la Asamblea Nacional porque "debilita el funcionamiento de instituciones que son vitales para la democracia nicaragüense".

Los partidarios del gobierno buscaban impedir que la oposición anulara el decreto presidencial que mantiene en su cargo a dos magistrados afines al sandinismo y cuya permanencia, así como la de otros funcionarios cuyos cargos están por vencer, serían cruciales si Ortega decide postularse para un segundo mandato consecutivo.

Alegó que la Corte Suprema de Justicia declaró válido el decreto presidencial en base a la Constitución, sin embargo, la oposición considera que el pronunciamiento de los jueces no es valido porque fue adoptado de magistrados sandinistas a quienes ya se les venció el período en sus cargos.

El vocero del departamento de Estado P.J. Crowley dijo en Washington que "Estados Unidos está preocupado que la violencia de turbas que está teniendo lugar en Nicaragua dificulte los procesos políticos democráticos, mine el respeto de los derechos humanos y erosione el imperio de la ley".

El arzobispo de Managua Leopoldo Brenes expresó que "es peligroso seguir en ese ambiente de violencia".

Los obispos de la Conferencia Episcopal manifestaron su honda preocupación por "la inconstitucionalidad y la ilegalidad en que han caído algunas de nuestras instituciones democráticas" que podrían llevar a "un totalitarismo visible o encubierto", expuso el prelado.

En un comunicado emitido ayer, la cancillería comunicó a "la ciudadanía en general y la comunidad internacional, que no debe existir preocupación por situaciones que se producen en Nicaragua y en muchos países del mundo, y que son simplemente expresiones legítimas de los pueblos, ante hechos que no responden a los intereses populares".

Por la tarde, la sede del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) fue atacada por turbas oficialistas, dijo el presidente honorario del partido, el ex presidente Arnoldo Alemán, quien culpó del acto a Ortega.

Alemán dijo en un comunicado que fueron atacados con petardos caseros y balazos desde un autobús pero no informó de lesionados.

Tras tres días de violentas manifestaciones, policías antimotines resguardaban las instalaciones de El Nuevo Diario, a solicitud de su director Francisco Chamorro, quien dijo tener informes de que sus instalaciones serían atacadas.

El opositor diario La Prensa tomó sus propias medidas cerrando sus portones "por temor a agresiones", dijo a AP su jefe de redacción, Eduardo Henríquez.

Ambos diarios han sido acusado por el presidente Ortega de ser instrumento de "la derecha y del imperialismo".

Las principales organizaciones patronales y empresariales exhortaron a través de un comunicado a la oposición política a "comprometerse a no reelegir a ninguno" de los actuales magistrados.

También se oponen a que continúe en sus funciones el actual presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, a quien se le vence el período en las próximas semanas y a quien atribuyen un presunto fraude en los comicios municipales de 2008 ganados por el FSLN.