Daniel Ortega amenaza con gobernar como lo hizo durante dictadura

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sugirió la posibilidad de disolver el Congreso como medio para resolver el enfrentamiento con la oposición y gobernar con un Consejo de Estado, como el que existió durante el régimen revolucionario sandinista en los años 80.

Ortega ha vivido enfrentado con la oposición liberal en los últimos meses por sus intentos de ir a la reelección en 2011 y nombrar a magistrados y funcionarios afines a él en los poderes del Estado.

"Si el Cosep (Consejo Superior de la Empresa privada) me da el respaldo, yo disuelvo la Asamblea Nacional. Ustedes tienen la palabra, mientras tanto no me queda más que conversar" con los diputados de la oposición, planteó Ortega la noche del miércoles en un encuentro con empresarios en Managua.

Las palabras de Ortega provocaron ayer el rechazo de líderes de la derecha opositora, pero empresarios presentes en el encuentro restaron dramatismo a los comentarios del gobernante.

Ortega "expresa la visión totalitaria que tiene del país, la intención de gobernar sin oposición, de controlar todo", busca tener "un gobierno que se adapte a su ideología fascista", afirmó el diputado liberal José Pallais.

"Rechazamos (la idea) porque sería la consolidación de la dictadura en el país y una guerra civil", declaró el portavoz del opositor Partido Liberal Constitucionalista (derecha), Leonel Teller.

Chiste

En cambio, para el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Róger Arteaga, el mandatario lo dijo para "caer en gracia", mientras la presidenta de la Cámara de Turismo, Lucy Valenti, afirmó que solo fue "un comentario".

Ortega dijo que si los empresarios avalaban su decisión, sustituiría el Parlamento por un Consejo de Estado, el cual estaría representado por delegados de los sectores empresarial, estudiantil y la sociedad civil.

El Consejo de Estado, que existió en los inicios del régimen revolucionario sandinista (1979-1990), era una especie de órgano legislativo, cuyos miembros eran designados por diferentes sectores.

Si el gobierno buscara resolver el conflicto "con posiciones de fuerza", podría ordenar "por ejemplo, disuélvase la Asamblea Nacional y que ocupen los escaños los delegados" de estos sectores, dijo el mandatario.

No obstante, Ortega admitió que la disolución del Congreso "sería una hecatombe", una "barbaridad" y que él sería acusado de instaurar una "dictadura".

Esta es la primera vez que Ortega plantea la hipótesis de disolver el Congreso desde que asumió su segundo gobierno en 2007 de la mano del Frente Sandinista (izquierda), con el cual dirigió en los años 80 un régimen de corte socialista.

Los regímenes izquierdistas latinoamericanos se han consolidado en el poder disolviendo primero los órganos legislativos e instaurando asambleas constituyentes que reforman la Constitución y permiten después la reelección permanente.

Temen control absoluto de Ortega

Líderes de la oposición nicaragüense, que perdió la mayoría en el Congreso luego de que nueve de sus diputados se aliaran al gobierno sandinista de Daniel Ortega, temen que el mandatario siga ampliando su apoyo parlamentario para legitimar sus planes de reelección en 2011.

Después de tres años en el poder, el Frente Sandinista ganó esta semana el control del Congreso al aliarse con nueve diputados de la oposición, debilitada por divisiones a pesar de sus intentos de unirse para los comicios del 2011.

Con esta alianza, los sandinistas (con 38 diputados) consiguieron una nueva mayoría de 47 escaños, que les permite sesionar y aprobar leyes, y la oposición quedó reducida a 44 en el Congreso unicameral de 92 miembros.

La maniobra desconcertó a la oposición, que llevaba cinco meses obstruyendo las sesiones del Parlamento.

, y ayer no tuvo más remedio que reincorporarse a los debates para defender los pocos espacios de poder que le quedan frente a Ortega.

Tras alcanzar esta mayoría, el gobierno izquierdista apuntará ahora a conseguir más aliados para alcanzar los 56 votos necesarios para designar a altos funcionarios, dijo el diputado liberal José Pallais.