Más presiones contra prensa independiente

Diversos ataques y presiones contra medios de comunicación, sus dirigentes o simples periodistas se produjeron en estos días en Venezuela, donde el viernes se dictó orden de captura al presidente de la empresa de televisión privada Globovisión, muy crítica con el gobierno de Hugo Chávez.

La orden, emitida por un tribunal de Caracas contra Guillermo Zuloaga, responsable de Globovisión, y su hijo, no pudo ejecutarse hasta ahora ya que los afectados no se encontraban en su domicilio cuando llegaron los agentes de los servicios de inteligencia venezolanos (Sebin).

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, aclaró que esta decisión judicial se refiere al delito de "usura" por el que el empresario fue imputado en 2009 debido al supuesto almacenamiento irregular de 24 vehículos, pertenecientes a concesionarios propiedad de la familia.

Digitales

Esta semana, la Fiscalía venezolana decidió también investigar al portal de noticias Noticiero Digital por presuntos "llamados al desconocimiento de la institucionalidad", días después de que el presidente Chávez lo acusara de difundir "incitaciones a un golpe de Estado".

Además, el pasado lunes en la noche la sede de la Cadena Capriles, una de las grandes empresas periodísticas de Venezuela, recibió cinco cocteles molotov de fabricación casera lanzados por un grupo de desconocidos.

El ataque fue repudiado por el propio Chávez, quien a menudo ha elogiado al principal diario del grupo, Últimas Noticias.

En el caso del presidente de Globovisión, la orden de captura se produce días después de que Chávez dijera que le llamaba la atención que aún siguiera en libertad.

Zuloaga "dijo que yo había mandado a matar gente y sigue libre. Eso solo ocurre en este país (...) Eso no se puede quedar así (...) Hay un sistema que debería poner las cosas en su lugar", dijo Chávez.

"Anda suelto y tiene un canal de televisión. Por ahí dicen lo que les da la gana.

Sigue siendo este canal la punta de lanza de la burguesía. Vamos a ver quién aguanta más", afirmó.

Carlos Correa, responsable de la ONG Espacio Público, consideró "preocupante" que "hable el presidente y al día siguiente se encuentren unas decisiones judiciales".

"Quieren jugar a la distracción. Hay graves problemas de gestión pública, el Estado no funciona y se quiere atacar el camino que permite a la gente deliberar sobre esos temas. Eso afecta a los periodistas, a líderes sociales y otros", agregó.

Globovisión tiene abiertas numerosas causas administrativas en su contra y ha sido amenazada de cierre en varias ocasiones. Para sus responsables, los ataques contra Zuloaga tienen conexión directa con la línea editorial del canal, acusaciones que el gobierno niega.

"Se está demostrando que en Venezuela no hay independencia de poderes, valor esencial de la democracia", criticó por su parte en un comunicado Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP).

"El gobierno no pasa por su mejor momento", dijo Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de derechos humanos.

"Ellos creen que enviado a la cárcel a Zuloaga y a su hijo, los pobres se van a olvidar de los apagones, de la escasez de agua, que sufren los efectos de la inflación más alta del continente y del escándalo como las miles de toneladas de alimentos descompuestos en los puertos venezolanos".

Periodista condenado a casi 4 años de prisión

El periodista venezolano Francisco Pérez fue condenado el viernes a tres años y nueve meses de prisión por el delito de "ofensa" e "injuria" contra un funcionario público, confirmó su abogado.

Pérez, de 67 años, recibió el beneficio de la libertad condicional, debido a que la condena es menor de cinco años.

El periodista quedó además inhabilitado "profesional y políticamente" tras la sentencia por los delitos de "ofensa a funcionario público e injuria contra persona encargada de servicio público".

Granadillo declaró al diario El Carabobeño, donde Pérez labora desde hace 40 años, que la pena incluyó la prohibición de ejercer el periodismo y optar a un cargo de elección durante la vigencia de la condena.

Entre las condiciones de su libertad se estableció que deberá presentarse a la justicia cada 8 días y no podrá cambiar de domicilio.