Estados Unidos
El gobierno de Barack Obama presentó una demanda para impugnar la constitucionalidad de una nueva ley de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mezcla de polÃticas migratorias estatales y locales en todo el paÃs", explicó el gobierno en su demanda, presentada ante un tribunal federal en dicho estado fronterizo con México.
Ese tipo de iniciativas "perturbarÃan seriamente el cumplimiento federal de las leyes migratorias", añadió el comunicado del Departamento de Justicia.
La ley SB 1070, proclamada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril tras un voto en el Congreso estatal, declara, por primera vez en la historia de este paÃs, la inmigración ilegal como un delito estatal.
La ley debe empezar a aplicarse en principio a partir del 29 de julio. Al promulgar esa ley, "Arizona cruzó la lÃnea constitucional", advirtió el comunicado oficial.
La ley de Arizona obliga a la PolicÃa del estado a pedir la documentación a cualquier persona que bajo "sospecha razonable" pueda ser considerado inmigrante ilegal, lo que para algunas organizaciones civiles puede llevar a la discriminación por motivos étnicos o lingüÃsticos. La medida adoptada el martes era esperada desde hace varias semanas.
El presidente Barack Obama ha tachado de equivocada a la legislación.
Inconstitucional
El gobierno argumenta que la ley de Arizona viola la cláusula de supremacÃa de la Constitución, una teorÃa legal que plantea el dominio de las leyes federales sobre las estatales.
La ley federal estipula como ilegal la permanencia en el paÃs sin documentos, pero Arizona es el primer estado que penaliza esa situación como delito estatal, y además impone castigos y métodos propios.
El vocero de la gobernadora Jan Brewer dijo que la demanda es "una decisión terriblemente mala".
"Obviamente, Arizona tiene una terrible crisis de seguridad fronteriza que necesita atenderse, por lo que la gobernadora Brewer ha dicho en repetidas ocasiones que hubiera preferido que los recursos y la atención del gobierno federal se hubieran enfocado en la crisis más que en esto", expresó el portavoz Paul Senseman.
El senador estatal Russell Pearce, el principal promotor de la iniciativa auspiciada por decenas de legisladores también republicanos, dijo que la demanda es un "absoluto insulto al estado de derecho", asà como a Arizona y su población.
Estadounidenses divididos
El anuncio fue hecho el mismo dÃa que una encuesta de USA Today/Gallup indicó que los estadounidenses están divididos sobre si el gobierno debe enfocarse en detener el flujo de inmigrantes indocumentados (50% de los encuestados), o si debe desarrollar un plan para ver qué hacer con los que ya están en el paÃs.
El sondeo realizado el mes pasado señala que el 62% de los estadounidenses es más propenso a creer que los indocumentados son una carga para el estado, mientras que el 32% cree que estos inmigrantes cumplen con sus responsabilidades impositivas.
Activistas de Arizona en vigilia contra ley SB 1070
Un grupo de activistas de Arizona inició una vigilia de 24 horas frente a la Casa Blanca para protestar contra la ley SB 1070 que declara delito la inmigración ilegal en su estado, y que fue impugnada por el gobierno federal.
"Arizona está aquà para pedir al gobierno que nos ayude a vetar la ley SB 1070", informó Rosa MarÃa Soto, participante en la protesta, mientras sostenÃa un crucifijo.
"Por medio de la oración, queremos tocar el corazón de los gobernadores para que hagan leyes justas", explicó Soto, quien espera también "la aprobación de una reforma justa y comprensiva" del sistema migratorio.
Esta vigilia forma parte de otra más grande que tiene lugar ininterrumpidamente en Phoenix desde el pasado 19 de abril, frente al Capitolio estatal de Arizona.
Otra de las acciones programadas es la manifestación contra la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, durante la visita que ella realizará a Boston este fin de semana para asistir a la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores.
La Coalición ANSWER, con sede en Washington DC, y otros grupos están repartiendo panfletos, enviando mensajes electrónicos y realizando preparativos para movilizar participantes que expresen su oposición a la controversial ley de Arizona contra los inmigrantes sin documentos.