Enfermizo deseo de Ortega por reelección

El presidente de la Cámara de Comercio Americana (Amcham), Róger Arteaga, dijo ayer que "el deseo enfermizo" del presidente Daniel Ortega de ser reelecto a toda costa el próximo año "hace perder credibilidad internacional al país y echa por la borda el clima de negocios".

Durante la VII Conferencia de Cortes Supremas de Justicia que se realiza en Nicaragua, el magistrado Francisco Rosales, presidente de la sala constitucional de la corte local, dijo que "nosotros los sandinistas sí queremos elegir a Daniel Ortega".

El deseo de reelección de Ortega "es enfermizo y está llevando al país a una crisis extrema", dijo Arteaga, luego de sostener una reunión con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para analizar la situación del país.

Arteaga calificó de "ilegal" una sentencia emitida en octubre por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, controlada por sandinistas, que declara inaplicable una norma constitucional que inhibe a Ortega para ser candidato.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, insistió en que "debe prevalecer la primacía de la constitución política y el respeto a la división de los poderes".

Mientras tanto, continuaron las protestas opositoras frente al hotel Montelimar, 64 kilómetros al suroeste de aquí, por la presencia en la VII Conferencia que se realiza ahí de dos magistrados sandinistas a quienes se les venció el período en sus cargos meses atrás y se mantienen ahí amparados en un decreto de Ortega.

Ortega asistió la noche del jueves a la reunión de juristas, ante los cuales declaró que "el derecho constitucional debe fortalecerse y consolidarse al servicio de la gobernabilidad, de la justicia, y no al servicio del más fuerte".

Seguridad

Asimismo, Ortega designó por decreto a un ex guerrillero al frente de la unidad de escoltas que vela por su seguridad y la del vicepresidente, que antes controlaba la policía, reveló ayer la prensa local.

El decreto establece que la Dirección de Seguridad Personal de la Policía será dirigida por Manuel Rivas, un ex guerrillero que condujo los cuerpos de seguridad policial durante el gobierno revolucionario sandinista (1979-90).

El cambio de mando en la custodia presidencial fue interpretado por la prensa nicaragüense y por un militar retirado crítico del gobierno izquierdista como una violación a la ley de la Policía Nacional y una manifestación de desconfianza hacia la institución.