Redadas de indocumentados

Perdido en medio del revuelo causado por la nueva ley migratoria en Arizona está el hecho de que las autoridades estatales y locales han realizado durante años sus propias redadas para capturar indocumentados, en el mayor punto de tránsito de inmigrantes hacia el país.

En ningún lugar de Estados Unidos las autoridades locales realizan operaciones tan decididas como en el área metropolitana de Phoenix, donde el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, suele llevar a cabo redadas, algunas en vecindarios predominantemente hispanos, para detener a presuntos indocumentados.

Las tácticas han convertido a Arpaio en el símbolo de las medidas severas para combatir la inmigración federal y de la indignación que muchas autoridades sienten ante este problema.

"Es mi trabajo", dijo Arpaio, de pie junto a una furgoneta de su oficina, en cuya portezuela está escrito un número telefónico para reportar casos de presuntos inmigrantes indocumentados. "Tengo dos leyes estatales (de inmigración) que hago cumplir. No es algo federal, sino estatal".

Un fallo emitido el miércoles por una jueza federal dejó suspendidas partes de la nueva ley, las cuales hubieran ordenado a los agentes involucrarse más en la lucha contra la inmigración ilegal. La gobernadora de Arizona señala que no tuvo otra alternativa que promulgar la ley, porque el gobierno federal no está cumpliendo la tarea de enfrentar el problema.

El asunto provocó el jueves protestas en todo el país, incluida una contra Arpaio en Phoenix, donde los manifestantes golpearon en la puerta metálica de una cárcel y corearon: "Alguacil Arpaio, aquí estamos. No viviremos con miedo".

Invasión

En tanto, los abogados de la gobernadora Jan Brewer acudieron a la corte con el objetivo de revocar el fallo de la jueza, de modo que puedan responder a un fenómeno que la mandataria estatal republicana ha considerado una "invasión" de indocumentados.

Desde hace una década, cuando la vía principal de tránsito de indocumentados hacia el país se mudó a Arizona, los políticos del estado y la policía local han enfrentado presiones para resolver la situación. También buscan casas donde ocultan a los inmigrantes.