Estados Unidos
Unas 47,000 personas han sido expulsadas o deportadas de Estados Unidos en 20 meses luego de que el Departamento de Seguridad Nacional empezó a escudriñar tres millones de huellas dactilares tomadas de las fichas policiales en prisiones locales.
Aproximadamente una cuarta parte de los expulsados del país no tenían antecedentes penales, de acuerdo con información gubernamental obtenida por grupos de defensores de inmigrantes que han presentado una demanda. Los grupos tenían previsto divulgar los datos y suministraron copias preliminares a The Associated Press.
De octubre de 2008 a junio de este año, un total de 46,929 personas identificadas mediante un programa para compartir huellas dactilares, conocido como Comunidades Seguras, fueron expulsadas de Estados Unidos, según muestran los documentos. De esa cifra, 12,293 no eran delincuentes.
En el centro del caso está ese programa, que el gobierno dice que tiene la función primordial de que Estados Unidos se libre de "lo peor de los peores" inmigrantes que han delinquido.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) divide los delitos en tres categorías: el nivel 1 corresponde a los más graves. La mayoría de los deportados cometieron delitos de los niveles 2 ó 3, o no eran delincuentes, muestra un reporte mensual de las estadísticas de Comunidades Seguras.
"El ICE ha dado gato por liebre, pues las autoridades locales gastan más tiempo y recursos facilitando las deportaciones de camareros y jardineros que de asesinos y violadores, y a un costo considerable para las estrategias de vigilancia de comunidades locales, lo cual nos ha dejado a todos con menos seguridad", consideró Peter Markowitz, director de la Clínica de Justicia en la Inmigración de la facultad de derecho Benjamin N. Cardozo, en Nueva York.
La clínica de Markowitz, la Red de Organizadores del Día Nacional del Jornalero y el Centro por los Derechos Constitucionales habían solicitado las estadísticas mediante una demanda.
Más soldados a la frontera
Adicionalmente, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó un proyecto de ley para reforzar la frontera con México con 1,500 nuevos agentes, luego de que el gobierno de Barack Obama comenzara a desplegar 1,200 soldados de la Guardia Nacional en la zona.
La medida, aprobada por votación oral en una sesión extraordinaria, dedica 600 millones de dólares adicionales a la frontera, donde serán colocados los nuevos 1,500 agentes y más tecnología, incluidos aviones sin piloto, para combatir el tráfico de armas y drogas y la inmigración ilegal.
El Senado ya había aprobado su versión del proyecto de ley la semana pasada, pero por una disposición constitucional que requiere que las leyes que generan rentas emanen de la Cámara Baja, debe volver a votar este proyecto antes de ser enviado al presidente Barack Obama para que la promulgue como ley. El Senado se encuentra en el receso de verano hasta mediados de septiembre.
El 1 de agosto el gobierno comenzó a desplegar los soldados de la Guardia Nacional que permanecerán un año en la frontera, una medida tomada por el gobierno de Obama tras las insistentes solicitudes de autoridades fronterizas preocupadas por el incremento de la violencia del narcotráfico en México.
Desde diciembre de 2006 la guerra de los carteles de la droga en México ha dejado más de 28,000 muertos.
Obama también había solicitado al Congreso 500 millones de dólares adicionales para la frontera.
El proyecto de ley financia 1,000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, actualmente con 20,000 efectivos, 250 agentes para la agencia de Aduanas e Inmigración (ICE) y otros 250 para la agencia de protección de fronteras (CBP), así como refuerza bases fronterizas y prevé nuevos drones (aviones sin piloto).
Pero al contrario de la percepción generalizada, la mayoría de los habitantes estadounidenses en la frontera (67.1%) se sienten seguros, reveló un sondeo de la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
"La idea de que la frontera es una zona de guerra es un mito", indicó la Red Fronteriza, que recomendó a las autoridades reevaluar la política fronteriza e impulsar una reforma migratoria integral, como única solución a la inmigración ilegal.
El gobierno de Obama, que asegura que la frontera nunca estuvo tan protegida como en estos momentos, impulsa una reforma migratoria integral, que la oposición republicana rechaza demandando mayor seguridad en los límites con México.