Kirchnerismo refuerza su embestida contra la prensa

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner denunció ayer que la empresa que suministra papel para diarios fue apropiada en complicidad con la dictadura (1976-1983), en una escalada del enfrentamiento que mantiene con un multimedios y con la oposición, que advierten amenazas a la libertad de expresión.

El multimedios que lidera el diario Clarín, junto con su socio el diario La Nación en la firma Papel Prensa, emitió un comunicado en el que denuncia "una historia inventada para quedarse" con la compañía papelera, en otro capítulo de un enfrentamiento a gran escala que sostiene con Kirchner.

"Los accionistas privados (mayoritarios) de Papel Prensa (una parte minoritaria corresponde al Estado) venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre", indicaron en su declaración.

Papel Prensa, que abastece a más de 130 clientes en todo el país, pertenecía al banquero David Graiver, vinculado al grupo guerrillero Montoneros, y fue vendida a los tres diarios varios meses después de que el financiero murió en un accidente aéreo.

El informe

En el informe difundido en cadena nacional, Kirchner acusa a los dueños de los dos principales diarios argentinos de crímenes de lesa humanidad por apropiarse de la mayor proveedora de papel para la prensa en forma ilegal y mediante amenazas durante la última dictadura militar.

La acusación aparece publicada en el informe "Papel Prensa, la verdad", con más de 20,000 hojas.

En concreto, el informe acusa a los diarios La Nación y Clarín y al desaparecido La Razón de ser cómplices de los jerarcas militares para apropiarse en noviembre de 1976 de forma ilegal de la empresa. La Razón, accionista en Papel Prensa, se declaró en quiebra en 2000. Los dos diarios denunciaron más temprano un supuesto plan del gobierno para apoderarse de Papel Prensa S.A. y así controlar un "insumo esencial" para la libertad de expresión.

Tras la lectura del informe, la presidenta Fernández adelantó que el material será enviado a los "organismos competentes" para que se adopten las medidas correspondientes. El anuncio se hace en medio del duro enfrentamiento que mantienen el gobierno y el Grupo Clarín, el conglomerado de medios más poderoso del país.