Amnistía urge actuar para acabar asesinatos

Amnistía Internacional expresó este jueves su "grave preocupación" por la masacre de 72 migrantes indocumentados en el Estado mexicano de Tamaulipas, y urgió a las autoridades de ese país a tomar medidas para poner fin a la "violencia sistemática" contra este colectivo indefenso.

La organización de defensa de los derechos humanos con sede en Londres señala que esta matanza demuestra "la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales para reducir los ataques contra los migrantes".

"El fracaso del gobierno federal en mostrar su liderazgo en la implementación de medidas para atender a la violencia sistemática sufrida por los migrantes irregulares debe terminar con la implementación de un plan de acción claro" que implique, "de manera coordinada y efectiva" a las principales agencias y a las autoridades estatales, agregó en un comunicado.

En este sentido, Amnistía considera que la respuesta de las autoridades a la matanza del pasado lunes "será una prueba para el gobierno".

La organización considera "crucial" que las autoridades encuentren a los responsables de la matanza y los presenten a la justicia, protejan a los testigos, identifiquen rápidamente a las víctimas y pongan "suficiente recursos" a disposición de las familias para que puedan recuperar los cuerpos.

Militares mexicanos encontraron el martes los 72 cadáveres, probablemente de emigrantes de Brasil, Honduras, Ecuador y El Salvador que trataban de llegar a Estados Unidos, en un rancho de la localidad de San Fernando (Tamaulipas), después de ser alertado por un superviviente de nacionalidad ecuatoriana.

La presidencia de México confirmó que se ha solicitado la asistencia consular de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil, de donde procederían las víctimas, para la identificación de los cuerpos.

Amnistía Internacional recuerda que ya emitió un informe en abril en el que destacaba el "fracaso" de las autoridades en tomar medidas para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones de migrantes indocumentados en manos de grupos criminales que "a menudo operan con la complicidad o aquiescencia de funcionarios públicos".