Argentina
En abierta contradicción con lo que venía sosteniendo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la viuda del ex dueño de Papel Prensa, Lidia Papaleo, confirmó ante los fiscales que no se encontraba detenida cuando firmó la venta de esa empresa.
Confirma de esta forma lo que sostuvo un día antes Isidoro Graiver, hermano del fallecido empresario David Graiver, y quien estuvo al frente de la negociación por la venta de la compañía en noviembre de 1976.
En la declaración de ayer ante la justicia argentina, Lidia Papaleo no realizó ninguna imputación contra el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y el director de La Nación, Bartolomé Mitre.
Papaleo de Graiver, cuyo testimonio es la base que sostiene el informe gubernamental, declaró ante el fiscal Marcelo Romero, coordinador de la Unidad de Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura.
En la tarde del miércoles, la presidenta Cristina Kirchner presentó en Casa de Gobierno un informe llamado "Papel Prensa - La Verdad", donde se sostiene que Papaleo firmó la cesión de las acciones con "libertad condicional", bajo "presiones" y "amenazas" y con solo una "apariencia de legalidad". Así, buscó acusar a Clarín, La Nación y La Razón de una supuesta apropiación ilegal de la firma.
Con este testimonio se termina de desmoronar la operación montada por el Gobierno nacional contra los dueños privados de Papel Prensa, en un intento por apropiarse de la compañía. Clarín y La Nación denunciaron en los últimos días que detrás de esa maniobra se escondía un intento por ejercer un control sobre la prensa independiente, destaca una nota de diario Clarín.
Condena internacional
Por otra parte, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), dijo ayer que las divergencias entre el gobierno argentino y órganos de prensa se registran en un "clima de hostilidad y acoso" oficial hacia "medios de comunicación privados e independientes".
Un comunicado de la AIR hecho llegar a la AP califica de "graves los señalanamientos y acusaciones" de la presidenta Cristina Fernández contra "accionistas y directivos de importantes medios escritos de Argentina", en alusión a los diarios La Nación y Clarín.
"Cuando una autoridad tiene conocimiento de hechos que a su criterio ameriten una investigación judicial, su obligación es denunciarlos prontamente a los tribunales competentes y colaborar para el pleno esclarecimiento de los mismos", dice el comunicado de AIR, basada en Montevideo.
"Señalamos nuestra mayor preocupación ante lo que podría ser el siguiente paso legislativo para el control estatal sobre los medios, en este caso escritos, menoscabándose la libertad de expresión", agrega.
Expresa "preocupación por la situación de todos los medios de comunicación privados argentinos, escritos y audiovisuales, tanto los que hoy son directamente atacados como aquellos que en el futuro podrían vivir similares circunstancias, producto del debilitamiento institucional de la libertad de expresión y del uso del poder y recursos del Estado, para atacar selectivamente, hoy a unos, mañana a otros, que pudieren ser incómodos para el poder de turno".