Honduras y El Salvador quieren comisión de ONU

El presidente guatemalteco Álvaro Colom reveló que preparan con El Salvador y Honduras una petición para que Naciones Unidas instale una comisión en esos países inspirada en la que actualmente funciona en Guatemala para combatir las mafias incrustadas en los poderes estatales.

"Vamos hacer una lucha frontal contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, estamos estructurando un plan con El Salvador y Honduras para que también haya una CICIG allí" dijo el mandatario en un acto que conmemora el tercer año de operaciones en el país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Colom explicó que los planes contra la impunidad y el narcotráfico deben ser regionales y que la creación de una comisión antimafias en los tres países ayudaría porque el 40% de los crímenes (de los tres países) están relacionados con la distribución de drogas, afirmó el mandatario.

La CICIG fue creada en el 2007 a solicitud del gobierno guatemalteco para que la ONU instalara en el país por dos años, prorrogables a dos más, una oficina de investigación para ayudar a combatir la impunidad del país que según cifras del Ministerio Público llega al 87 %.

La Comisión es financiada por la comunidad internacional.

El jefe de la CICIG Francisco Dall'Anese afirmó que la CICIG "ha demostrado que no existen personas intocables para la justicia".

Investigaciones de la CICIG tienen tras la rejas al ex presidente Alfonso Portillo (2004-2008) y sus ex ministros de Defensa y Finanzas Eduardo Arévalo y Manuel Maza, respectivamente, por la supuesta malversación de 15 millones de dólares.

La entidad internacional también ha emprendido procesos contra varios jefes policiales sospechosos de colaborar con narcotraficantes.

El ex jefe de Presidios y ex candidato presidencial Alejandro Giammattei también está detenido, mientras el ex ministro de Gobernación, Carlos Vielman, y el ex director de la Policía, Erwin Sperisen, se encuentran prófugos en un proceso en el que están acusados de integrar una estructura que ejecutó extrajudicialmente a siete reos durante un operativo en el 2006 en una cárcel que estaba era controlada por los propios reos. También se les acusa de haber emprendido una política de exterminio de delincuentes o "limpieza social".

Colom anticipó que solicitará una extensión de cuatro años más al mandato de la CICIG, lo cual tiene que ser aprobado por la ONU.

La Comisión investiga aparatos clandestinos de seguridad , capacita a fiscales y policías, y propone cambios en las leyes, como los que ahora permiten las escuchas telefónicas bajo orden judicial y la de "colaboradores eficaces" según la cual, un sospechoso puede beneficiarse si entrega información que delate a otro con mayor nivel de implicación en la comisión de un delito.