Correa niega amnistía a policías sublevados

El presidente Rafael Correa rechazó la posibilidad de otorgar amnistía a los policías implicados en la sublevación del 30 de septiembre, que lo mantuvo 10 horas secuestrado en un hospital capitalino y concluyó con una operación militar para rescatarlo.

"Amnistía a los que vejaron al presidente de la república, a los que quisieron romper la democracia, a los que mataron ciudadanos desarmados (y) compañeros policías, militares ... A otro con ese cuento", dijo enfáticamente el mandatario el sábado durante el programa radial "Diálogo con el presidente".

"Así nos destrozamos como sociedad. Ahí lo único que queda es aplicar la ley ... se trata de delitos gravísimos", añadió.

Asambleístas de oposición han mencionado el tema de otorgar una amnistía a los policías que participaron en la sublevación por supuestas reivindicaciones salariales, sin que hasta el momento se concrete alguna iniciativa.

Correa solicitó, además, el despido "inmediato" y el inicio de investigaciones contra el director del hospital de la policía, coronel César Carrión, a quien acusó de "conspirador abierto".

Según el mandatario, el galeno y policía, "puso candado en la puerta del hospital" para impedir su ingreso tras ser afectado por las bombas lacrimógenas y el gas pimienta con que fue atacado.

Cuestionó, además, las recientes declaraciones del médico a una cadena internacional de noticias en las que negó que el mandatario haya permanecido secuestrado en esa casa de salud.

"Qué sepa con quien se está metiendo. Soy el presidente la República ... tú eres mi subalterno y no puedes por tus intereses y odios personales tratar de hacer quedar como mentiroso a quien es tu jefe", increpó públicamente Correa, tras lo cual ordenó que sea separado del hospital y de las filas policiales.

También identificó a Luis Aníbal Martínez Vilañez, ex sargento de la policía, como uno de los presuntos cabecillas de la sublevación y quien, según dijo, era investigado por violaciones a los derechos humanos. Al momento se desconoce su paradero.

Cerca de 104 miembros de la institución enfrentan procesos disciplinarios, mientras más de una decena fueron apresados y otros tantos han sido puestos en situación de disponibilidad de sus cargos.

También 153 efectivos de la fuerza aérea son investigados, por cerrar durante varias horas los aeropuertos de Quito y Guayaquil, por reivindicaciones salariales.

El 30 de septiembre, unas diez personas murieron y otras 274 quedaron heridas.