Costa Rica demanda a Nicaragua ante La Haya

Costa Rica demandó el jueves a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya al tiempo que solicitó a ese tribunal la aplicación de medidas cautelares en su afán de poner fin a la presencia nicaragüense en un territorio ubicado en la frontera que ambos países reclaman como propios.

El canciller René Castro adelantó la información al cuerpo diplomático reunido en la sede de cancillería y posteriormente a la prensa.

"La acción jurisdiccional... obedece a la urgencia de recobrar el territorio invadido, evitar daños irreparables a su ambiente y responde a la convicción de que, cuando los mecanismos de seguridad colectiva tropiezan con la intransigencia y negativa a colaborar de un Estado, la comunidad internacional siempre puede garantizar la vigencia el Estado de derecho mediante las decisiones de carácter vinculante de su más alto tribunal", destacó un comunicado leído por Castro.

Costa Rica consideró que Nicaragua no acató las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos, OEA, así como las dificultades que expresó el jueves el secretario de ese organismo, José Miguel Insulza, para aplicar mecanismos vinculantes a sus decisiones.

La diplomacia costarricense acudió a la OEA desde inicios de mes para denunciar los daños ambientales provocados por el trabajo de dragado que lleva adelante Nicaragua así como la invasión de tropas de esa nación a una porción de su territorio conocido como Isla Calero. Nicaragua rechazó las denuncias y alegó que nunca ha ingresado a tierra costarricense.

Calero mostró fotografías de la zona en conflicto donde Nicaragua adelanta obras para la aparente construcción de un canal artificial atravesando territorio costarricense. El plan está a cargo del ex comandante nicaragüense Edén Pastora.

"Esto es ilegal y causará daños irreversibles... y podemos ver cómo los campamentos militares se han ampliado", agregó Castro durante la presentación a periodistas.

En el documento distribuido, Costa Rica alegó que lo realizado por los nicaragüenses "constituye una grave violación del derecho internacional que posa una seria amenaza a la paz y la seguridad en la región" y agregó que se trata de una "situación ilegítima... que amenaza con causar daños inminentes e irreparables".

Confió en que en las próximas horas, una vez que Nicaragua reciba la notificación por parte de la Corte, "se suspendan los trabajos que causaron la queja". Apuntó que la reacción de la Corte se dará en unos dos a tres meses. "El proceso es muy riguroso", dijo.

Confirmó que en los próximos días llegarían al país dos grupos, uno procedente de la OEA y otro de la Comisión de Humedales, puesto que la zona afectada contiene un humedal inscrito como sitio Ramsar, que tiene protección internacional.

Además no descartó que se pueda realizar la cita binacional entre los presidentes de ambos países, propuesta para el 27 de noviembre, "siempre y cuando se cumplan las condiciones", apuntó, en referencia a que Costa Rica solicita que para programar la reunión, Nicaragua retire antes o de forma simultánea, las tropas que mantiene en la zona fronteriza.

Costa Rica consideró que Nicaragua no acató las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos, OEA, así como las dificultades que expresó el jueves el secretario de ese organismo, José Miguel Insulza, para aplicar mecanismos vinculantes a sus decisiones.

La diplomacia costarricense acudió a la OEA desde inicios de mes para denunciar los daños ambientales provocados por el trabajo de dragado que lleva adelante Nicaragua así como la invasión de tropas de esa nación a una porción de su territorio conocido como Isla Calero. Nicaragua rechazó las denuncias y alegó que nunca ha ingresado a tierra costarricense.

Temprano en la jornada, la fiscalía costarricense confirmó que giró una "solicitud de detención" al ex comandante Pastora para que se presente a declarar ante las autoridades judiciales en este país como presunto implicado en los delitos de usurpación de bienes de dominio público e infracciones a la ley forestal.

Tatiana Vargas, vocera de la fiscalía, explicó el jueves que el primer delito se refiere a la presencia y actividades de Pastora en territorio costarricense, en tanto el segundo se relaciona al lanzamiento de sedimentos y tala de árboles en un humedal ubicado en Isla Calero y donde Pastora dirige labores de dragado.

La "solicitud de detención" no constituye jurídicamente una "orden de captura" sino que busca que el sindicado se presente voluntariamente para declarar.