Álvaro Uribe apoya asilo de ex funcionarios

Pese a que durante su visita a Honduras se negó a hablar del tema, el ex presidente Alvaro Uribe defendió los pedidos de asilo político que han hecho ex funcionarios de su gobierno y aseguró que obedecen a que en Colombia carecen de garantías procesales y sus vidas están bajo amenaza.

"Siempre pedí a los compañeros de gobierno que dijeran la verdad. Algunos me han expresado que a pesar de haberla dicho no tienen garantías en la justicia. En casos de esta naturaleza he compartido y apoyado que busquen asilo", dijo Uribe en un comunicado divulgado por correo electrónico.

Sin dar nombres o detalles sobre esos ex funcionarios o las supuestas amenazas, Uribe aseguró que "muchos de mis compañeros no tienen garantías y la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas... El estado de derecho no se desfigura por el asilo que hace parte de la normatividad internacional y doméstica".

El ex presidente (2002-2010) fue duramente criticado por políticos opositores y columnistas de prensa que aseguraron que fue él quien habría negociado con el mandatario de Panamá, Ricardo Martinelli, el asilo otorgado el 19 de noviembre a una ex directora de la policía secreta colombiana investigada por un escándalo de espionaje y seguimientos ilegales a algunos magistrados, activistas y congresistas opositores, entre otros.

Ni Uribe ni Martinelli han hecho referencia a las versiones sobre el asilo a María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un organismo que depende directamente de la presidencia.

El canciller de Costa Rica, René Castro, informó el martes que negó una petición de asilo hecha en octubre por el ex ministro del Interior colombiano, Sabas Pretelt. Agregó que no recibió ningún otro pedido de asilo de otros ex funcionarios colombianos.

Pretelt es investigado por presuntamente ofrecer prebendas, como cargos públicos, a congresistas en 2004 para que votaran a favor de una reforma constitucional que permitió la reelección presidencial. Con esa reforma, Uribe fue reelegido en 2006 para un segundo mandato de cuatro años.

Tanto el ex ministro del Interior como Uribe han negado haber hecho ofrecimientos a cambio del apoyo de los legisladores, pero la ex congresista Yidis Medina --condenada en 2008 a 48 meses de prisión por el delito de cohecho-- confesó haber aceptado cargos públicos regionales a cambio de su voto a favor de la reforma.