Sistema de fianzas no libera a pobres

Antes de que George Zouvelos acepte presentar la fianza para alguien, un cliente debe aportar dinero en efectivo, firmar un contrato de 20 páginas y rubricar 86 párrafos aparte.

Esos párrafos están repletos de tarifas: 250 dólares si el acusado no asiste a registrarse semanalmente; 375 dólares la hora por tareas oscuras, como consultoría sobre fianzas e investigación, y cantidades no especificadas si Zouvelos, un aval de fianzas basado en Manhattan, encarga tareas como obtener documentos en los juzgados o entregar documentos de liberación en la cárcel.

Y también están los miles de dólares que Zouvelos puede cobrar si decide revocar una fianza y regresar al acusado a la cárcel, como lo hizo en 89 ocasiones durante un lapso de cuatro meses el año pasado.

La percepción común de cómo opera el sistema de fianzas es bastante simple: un aval de fianzas saca a un acusado de la cárcel. Si ese acusado no comparece ante el tribunal, el aval puede “entregarlo”, persiguiéndolo y transportándolo de regreso a prisión. La realidad es más preocupante.

La vaguedad en las leyes y la supervisión insuficiente han permitido que algunos avales en Nueva York regresen a los acusados a la cárcel por razones cuestionables o no especificadas, y después retener miles de dólares a los que es posible que no tengan derecho, según abogados, jueces, reguladores estatales e, incluso, algunos avales.

Esos casos ponen de cabeza al sistema: quienes se supone que dan a los acusados pobres una oportunidad de libertad mientras aguardan su juicio, son, en cambio, los que los encierran y los privan aún más de sus derechos.

Las leyes “están abiertas para que las exploten”, señaló James Carfora, un aval de fianzas basado en Long Island.

“Necesitan ser más específicas”, dijo. “Si pago la fianza de un tipo hoy y no me cae bien, lo puedo volver a meter a la cárcel, y está bien. Para mí, eso está muy mal”.

Las quejas contra los avales han aumentado en los últimos años, según el Departamento de Seguros del Estado de Nueva York.

Aunque los alegatos pueden solo implicar mil dólares, esa suma puede marcar la diferencia entre la libertad y la detención para acusados indigentes que representan a la mayor parte de la clientela de los avales de fianzas.

Durante un período de cuatro años que concluyó a mediados de julio, el Departamento recibió 227 quejas contra 43 avales. Sin embargo, esa cifra puede representar sólo una fracción de los agravios reales: es frecuente que la gente no sepa cuándo un aval está violando sus derechos o dónde presentar una demanda, dicen expertos.

Nuevas regulaciones

Sin embargo, las demandas han sido lo suficientemente alarmantes como para que el Departamento de Seguros, que certifica a los avales, esté considerando implementar nuevas regulaciones orientadas a controlar a los que hacen cosas como cargarles restricciones onerosas a los acusados, entregarlos a menudo y deducir tarifas excesivas del efectivo colateral que se supone que deben recuperar los clientes.

“Nuestras actuales acciones para hacer cumplir la ley son más agresivas que en el pasado, pero se necesita mejorar las regulaciones para proporcionar los poderes adicionales para ello”, dijo Steven Nachman, el jefe de las oficinas de fraudes y servicios al cliente del Departamento.

El magistrado Thomas A. Farber de la Corte Suprema Estatal en Manhattan estaba tan preocupado debido a la cantidad de acusados a los que entregaban los avales que escribió una carta al juez administrativo del distrito en el último año para manifestar su inquietud.

“Es un proceso y una actividad que parecen eludir una regulación efectiva”, señaló Timothy J. Murray, el director ejecutivo del Pretrial Justice Institute, una organización en Washington que defiende la reforma a las fianzas. “Una gran parte de las transacciones no está sujeta a la vista pública, ni mucha, al escrutinio”.

La fianza es dinero que los acusados dan a guardar a los juzgados a cambio de su libertad mientras esperan su juicio. Sin embargo, miles de acusados que carecen de dinero para pagar la fianza recurren a avales, quienes cobran un porcentaje de la cantidad y entregan un compromiso de fianza en los juzgados con la promesa de pagar la fianza si huye el acusado.

Los avales a menudo reciben colaterales –generalmente, efectivo o propiedades– que se supone deben regresar siempre que un juez no ordene la pérdida del derecho a fianza.

Un reclamo más común entre los acusados que pagan el colateral en efectivo es que los avales de fianza se quedan con parte o todo porque deducen tarifas por servicios innecesarios o inventados. Algunos avales dicen que las tarifas corresponden a propósitos legítimos, como reaprehender a un acusado.