Armas de EE UU fueron usadas en crímenes en México

Al menos 122 armas recuperadas en escenas del crimen en México están ligadas a un polémico programa estadounidense que permitió el tráfico de miles de armas al vecino del sur con en fin de atrapar a traficantes, reveló este martes un informe de dos congresistas norteamericanos.

"Hasta los momentos, el Departamento de Justicia ha entregado documentos que reseñan al menos 48 casos en los que fueron recuperadas unas 122 armas ligadas a la operación 'Rápido y Furioso' ('Fast and Furious')" en México, indicó el informe de los republicanos Darrell Issa y Charles Grassley.

El representante Issa y el senador Grassley lideran una investigación sobre el programa de la ATF (Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos), que por un año desde fines de 2009 permitió la entrada a México de unas 2.000 armas como señuelo para atrapar a traficantes de armas.

La operación salió a la luz y fue cancelada cuando miembros de ATF denunciaron que en la escena del crimen del agente estadounidense Brian Terry, asesinado el 14 de diciembre de 2010 en choque con supuestos narcotraficantes mexicanos en Arizona (sur), se hallaron dos armas del programa.

"El diseño defectuoso de la operación Fast and Furious tuvo consecuencias trágicas. Incontables ciudadanos mexicanos y estadounidenses sufrieron", denunció el informe de los congresistas.

El gobierno mexicano de Felipe Calderón, que sostiene que más de 80% de las armas incautadas a los cárteles provienen de Estados Unidos, protestó airadamente al conocerse la operación.

Issa, quien junto a otros legisladores republicanos ha aumentado la presión contra el presidente Barack Obama y el fiscal general, Eric Holder, porque afirman que la operación debió ser autorizada por altos funcionarios, denunció este martes "esfuerzos del gobierno por obstruir esta investigación".

"Los estadounidenses tienen derecho a conocer de una vez por todas quién la autorizó", señaló Issa durante una audiencia en la comisión de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, que él dirige.

Obama afirmó en marzo que ni él ni Holder autorizaron la operación, dirigida desde la oficina de ATF de Phoenix, Arizona. El gobierno inició una investigación y ha prometido "consecuencias" si se detectan irregularidades.

El demócrata de mayor rango en la comisión de Supervisión Gubernamental, Elijah Cummings, criticó que, según datos revelados por la investigación parlamentaria, la directiva de ATF tardó diez meses en cerrar el programa desde que recibieron las primeras alarmas en marzo de 2010.

Cummings, no obstante, pidió "examinar oportunidades de reforma" de las laxas leyes estadounidenses que permiten la venta de armas que luego son traficadas a México y nutren a los carteles de la droga, cuya violencia ha dejado en ese país más de 41.000 muertos desde fines de 2006.

Un primer informe divulgado en junio por los legisladores afirmó que las armas del programa causaron muertes.

La ATF "perdió de vista" muchas de las armas, a las que no les hizo debido seguimiento, y las volvió a encontrar "cuando aparecieron en la escena de un crimen. Trágicamente, muchos de esos casos implicaron la pérdida de vidas", indicó ese reporte.

Varios agentes de ATF que operan en México, dentro de la creciente cooperación entre ambos países contra el crimen organizado, afirmaron en la audiencia de este martes que desconocían detalles de la operación.

"Nosotros en México no participamos en esto", dijo Carlos Canino, agregado en funciones de ATF para México.

"Me temo que estas armas continuarán provocando terribles consecuencias por mucho tiempo", advirtió Jose Wall, agente de ATF en Tijuana.