“Rápido y furioso” se convierte en problema para Estados Unidos

Diez días antes de la Navidad, John Dodson, un agente de la división contra el tráfico de armas, despertó, se hizo su café, encendió la radio y escuchó una noticia que le causó escalofríos. Desde hacía meses temía que fuera a ocurrir algo así.

Dodson, miembro de la división Fuerza de Choque Grupo VII de la Agencia contra el Tráfico de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), acababa de enterarse de la muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza en un enfrentamiento a tiros con un grupo de malhechores.

El agente fallecido era, al igual que Dodson, un ex miembro de las fuerzas armadas que eligió seguir sirviendo a su país en el gobierno.

La mezcla de pánico, miedo y disgusto que sintió Dodson se originaba de una gran pregunta: al permitir el flujo de pistolas en las calles a fin de desmantelar una red de tráfico de armas, ¿fue su unidad una cómplice involuntaria de la muerte de un colega?

Dodson había ido a Phoenix para cumplir con una parte clave de la misión: detener el tráfico de armas a los carteles mexicanos del narcotráfico.

La ATF estaba intensificando sus acciones en contra del torrente de armas de fuego y su unidad sería la punta de lanza de una operación apodada “Rápido y furioso”.

El objetivo era un grupo de individuos que supuestamente compraron para los carteles más de 1.500 armas en 15 meses en el área de Phoenix.

Algunos días, el grupo compraba decenas de versiones de los fusiles AK-47. Una misma persona podía luego regresar y comprar 20, 30, 40 o más piezas letales en la misma armería.

Pero desde el comienzo, Dodson y otros agentes se percataron que su misión en Phoenix en realidad no era detener ese tráfico de armas.

“No hagan nada, solo observen”, era la orden que recibían cada vez que solicitaban autorización para detener a un sospechoso y recuperar las armas.

En la jerga policial, a eso se le llamaba “escoltar” al arma. Y los centenares de fusiles vendidos durante el operativo “Rápido y furioso” llegaron lejos: desde poblados fronterizos de Arizona hasta El Paso y San Antonio, y en lugares recónditos de México.

El 14 de diciembre, dos de esas armas llegaron de alguna manera a un rincón del desierto de Arizona llamado Peck Canyon, donde Brian Terry y otros tres agentes de la Patrulla Fronteriza se toparon con una banda de asaltantes. Las partes intercambiaron disparos y Terry recibió un impacto en la espalda.

Al día siguiente el grupo de Dodson recibió la confirmación: dos fusiles de modelo parecido al AK-47 hechos en Rumania fueron hallados en el lugar del tiroteo. Ambas armas fueron adquiridas casi un año atrás.

Y el comprador era un sospechoso ya conocido por los agentes de “Rápido y furioso” y que fue arrestado inmediatamente después de la balacera, aun cuando estuvo vigilado durante meses. Al enterarse de la muerte de Terry, “me sentí enfermo”, señaló Dodson. “Y me sigo sintiendo mal”.

Peor aún, él sabía que había centenares de armas más que habían sido vendidas dentro de la operación “Rápido y furioso” y que estaban en manos de tipos con malas intenciones.

Se suponía que la ofensiva sería de gran envergadura, que atraparía a gente más importante que los simples compradores de armas, equivalentes a los peones del ajedrez: eliminarlos no es garantía de victoria.
Finalidad
“Rápido y furioso” tenía objetivos mucho más elevados: capturar a los organizadores de la compra de armas a nombre de los carteles, desmantelar una red traficante o incluso desmantelar un cartel entero. Intentar capturar a algunos capos.

Se ideó una estrategia novedosa: en vez de interceptar las armas compradas, los agentes permitirían que circularan por la red de tráfico a fin de identificar a otros involucrados y, con suerte, armar argumentos más amplios y sólidos.

Era una iniciativa un tanto arriesgada, impulsada en parte por las leyes que regulan las armas de fuego y que dificultan disminuir el tráfico, así como por un pasado de procesos judiciales infructuosos y la gravedad de la violencia en el país vecino.

Para cuando comenzó “Rápido y furioso”, en la segunda mitad de 2009, la violencia por las armas en México estaba evidentemente fuera de control.

La prensa informaba todos los días de sangrientos tiroteos entre carteles rivales, y las autoridades locales se alarmaban ante la posibilidad de que el derramamiento de sangre rebasara las fronteras.

La ATF informaba que un 90% de las armas descubiertas venían de Estados Unidos, y las autoridades mexicanas aumentaban sus exigencias de que las estadounidenses tomaran cartas en el asunto.

La cuestión era cómo hacerlo. Las estrategias anteriores estaban orientadas principalmente a los pequeños compradores que recibían pagos para adquirir armas que entregaban a los traficantes de mayor rango, pero era difícil armar los casos judiciales contra los primeros, especialmente en Arizona. En primer lugar, es perfectamente legal que alguien vaya a una armería en Arizona y compre una cantidad ilimitada de armas, siempre y cuando la persona pase por una revisión computarizada de sus antecedentes.

Es delito solo si las armas son exportadas a México o si la persona revende una gran cantidad de éstas, actuando así como comerciante sin licencia.

Usualmente, cuando se arresta a traficantes menores, se les acusa de realizar una declaración falsa, al decir en su solicitud que iba a ser el único propietario del arma cuando en realidad era para otra persona. Pero aun en esos casos, varios fallos judiciales han dictaminado que se debe demostrar que el arma fue comprada para un “propietario vedado”, como por ejemplo, una persona que ha sido hallada culpable de un crimen.

Son elementos difíciles de demostrar, y varios casos han sido descartados por falta de pruebas. Existía también un gran deseo en el Departamento de Justicia y en la ATF de ir más allá de los compradores menores, considerados el equivalente de arrestar al distribuidor de drogas en una esquina cuando lo que se quiere es atrapar al capo.

A fin de encontrar una solución más significativa, a fines del 2009 el Departamento de Justicia comenzó a elaborar una nueva estrategia y llegó a la conclusión de que “simplemente confiscando armas de fuego” no se combatiría efectivamente el tráfico ilegal de éstas.

En lugar de ello, afirmó, se deberían concentrar esfuerzos en investigar y eliminar a todo un cartel de narcotraficantes.
“Fue con estas directrices en mente que se creó la Operación ‘Rápido y Furioso’”, dijo William Newell, ex director de la oficina de la ATF en Phoenix, ante una comisión legislativa.