En vigor nuevas medidas de control

Una nueva ley para controlar los precios de bienes y servicios en Venezuela comenzó a funcionar ayer tras su aprobación en julio, por medio del marco de los poderes legislativos excepcionales de los que dispone desde finales de 2010 el gobernante Hugo Chávez.

La ley busca contener la alta inflación, pero ciertos sectores la rechazan como otra estrategia del líder en contra de la economía de mercado que profundizará el desabastecimiento.

La nueva ley empezará su aplicación por medio del control de cinco sectores básicos: alimentos, higiene personal y del hogar, repuestos de vehículos, medicamentos y servicios de salud.

Los primeros 18 productos a ser auditados ya fueron anunciados por medio de una llamada telefónica retransmitida por televisión. Algunas de las empresas son extranjeras incluyendo a Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé, Johnson and Johnson, GlaxonSmithKline, Knorr o Unilever.

El gobierno venezolano afirmó que los efectos se empezarán a ver en el primer semestre de 2012, año en que Chávez buscará ser electo como presidente en un tercer mandato.

Chavistas ejercerán control

La recién creada Superintendencia de Costos y Precios se encargará de revisar los costos de bienes y servicios, controlar la rebaja de precios excesivos y finalmente transferir la capacidad de fiscalización de los productos a los consejos comunales, haciendo del pueblo la entidad protagonista en el control de los mismos. Las medidas por las cuales se calificarán los precios altos todavía no han sido especificadas.

Paralelamente, el reglamento de la Superintendencia establece que los precios solo serán constituidos por los costos y gastos directos lo cual no incluye los gastos hechos en seguridad, estacionamiento, aire acondicionado y otros por parte de los empresarios.

En forma de oposición, el presidente de la patronal Fedecámaras, Jorge Botti, declaró que “la estabilidad de los precios no se logra con controles, sino con políticas económicas acertadas” y mencionó la posibilidad de tomar acciones judiciales contra la reciente aplicación. Diversos empresarios y economistas consideran que la ley conlleva un atraso en la inversión y productividad nacional.

Récord

Venezuela tiene la tasa de inflación más alta de Latinoamérica, ya que obliga a los negocios a establecer precios al por menor a tasas establecidas por las autoridades.