A frenar abusos contra niños y niñas

Los menores que viven en zonas rurales y son víctimas de abusos y maltratos ya pueden contar con fiscales que velen por ellos.

El Ministerio Público (MP) y Plan Internacional formalizaron ayer el inicio del proyecto denominado "Combate al maltrato, abuso y explotación infantil y lucha por el respeto de los derechos de la niñez".

El convenio fue suscrito por el fiscal general Leonidas Rosa Bautista y el director interino de Plan Internacional, Anthony Nolan.

Las autoridades de ambas dependencias justificaron que el abuso y el maltrato infantil en Honduras se están manifestando cada vez con mayor frecuencia, indiferencia y complicidad familiar y social; a diario suceden casos de violaciones de derechos de los niños y niñas.

El MP posee oficinas regionales en las principales ciudades del país, sin embargo, no todas cuentan con fiscales dedicados de forma exclusiva a la protección, atención y defensa de los derechos de los infantes.

La falta de documentación y presentación expedita de casos de la niñez ante los tribunales ocasiona la repetición del delito e impunidad.

Ante esta problemática, el proyecto busca ejecutar acciones encaminadas a velar por la legalidad y acceso a la justicia de la niñez hondureña, para prevalezcan y se respeten sus derechos, garantizados en convenios internacionales que Honduras ha suscrito y ratificado, como los establecidos en la Constitución de la República.

Lo que se busca es disminuir el nivel de impunidad y violencia estatal en materia de defensa y protección de los derechos de la niñez, manifestó Rosa Bautista.

Por su parte, Nolan lamentó que en el país no se cuente con datos estadísticos de cuántos son los menores que sufren abusos y maltratos, los que se espera recabar con este proyecto.

Ampliación de cobertura

El convenio contempla la ampliación de la cobertura de la Fiscalía de la Niñez en seis ciudades de la zona suroccidente de Honduras. Para ese efecto se brindará atención especial en Santa Bárbara, Gracias, La Esperanza, La Entrada, La Paz y Choluteca, por tener menor índice de desarrollo humano y ser vulnerables a violaciones de los derechos de la niñez.

Se contratarán seis fiscales para que ejecuten su labor en estas zonas. El proyecto cuenta con un financiamiento de dos millones de lempiras.