Funcionarios del Ejecutivo cometen una “canallada”

Los funcionarios del Poder Ejecutivo, de la estatal Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), han demostrado ante el Congreso Nacional que se encuentran en pie de guerra.

Unos a favor y los otros en contra de la ratificación por el Congreso de los polémicos contratos de compra de 250 megavatios de energía producida a base del carbón.

La ENEE insiste en que el Congreso debe aprobarlos para evitar los apagones y porque resultan más baratos que los contratos existentes con empresas térmicas, mientras el TSC demandó ayer un compás de espera, mayor reflexión de los diputados para no aprobar dichos contratos a "matacaballos".

Tanto la gerente de la ENEE, Rixi Moncada, como el presidente del TSC, Fernando Montes, han hecho sus respectivas comparecencias ante los diputados, evidenciando que las dos posiciones son contradictorias.

El magistrado Montes defendió el informe del Tribunal de Cuentas que se opone a la compra directa de energía porque los contratos -dijo- no llenan los requisitos, en primer lugar porque las bases están hechas sobre una licitación para plantas bunker y, en segundo lugar, por los daños irreparables al ambiente que producirán en Trujillo, Colón, donde serán instaladas las mismas.

El magistrado Fernando Montes fustigó a la ministra Rixi Moncada por haber dicho en el Congreso que el Tribunal de Cuentas estaba a favor de que se ampliaran los contratos a las generadoras térmicas en vez de contratar la producción energética a base de carbón.

En respuesta de lo que dijo la ministra y aclarando las dudas a los diputados el magistrado dijo: "Es una canallada política que nos digan que estamos al servicio de los empresarios de las térmicas".

Luego agregó: "No tenemos nada que ver con el bunker ni estamos en contra de la plantas de producción de carbón, sino de los erráticos procedimientos en que se produjo esta adquisición.

Dimos recomendaciones para superar esta crisis, sugiriendo una licitación internacional de productoras de energía a base de carbón o, en su defecto, renegociar precios con las empresas térmicas para una la ampliación de los contratos", dijo evidentemente enfadado el presidente del TSC, negando que haya recomendado ampliar los contratos tal como están actualmente.

Subrayó que el tema no debe ser discutido sobre bases políticas sino sobre bases técnico científicas. Pidió al Congreso Nacional que se de un compás de espera para profundizar sobre la seguridad de que estas plantas de producción no vayan a causar un daño ecológico y ambiental sin precedentes. El magistrado advirtió que los diputados no deben cometer el error de aprobar un contrato creyendo que el país se va a ahorrar dinero cuando en realidad resultará más caro.