Junta requiere reglamento

La Junta Proponente escogerá a los candidatos a cargos de Fiscal General y Fiscal Adjunto sin contar con un reglamento que fije los mecanismos para tal encomienda.

El listado deberá ser presentado al Congreso Nacional antes del 11 de marzo en que vacan en sus funciones las actuales autoridades.

El primer reglamento de esta Junta, que reúne a representantes de varios sectores, fue anulado por la Corte Suprema de Justicia que presidió Vilma Morales, a solicitud del Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, quien alegó en su oportunidad que el citado documento nunca fue aprobado por el Procurador de la República.

Conforme a la Ley del Ministerio Público, la Junta Proponente la encabeza el presidente de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado del mismo organismo judicial, un representante del Colegio de Abogados designado por la junta directiva, el Comisionado de los Derechos Humanos y un representante de las Universidades.

La Junta se instalará hoy en la sede del Poder Judicial, anunció el magistrado, Tomás Arita Valle.

Intereses

Aunque la Ley del Ministerio Público establece una serie de restricciones para los futuros candidatos, miembros del Partido gobernante han empezado a proponer personas que no cumplen o llenan los requerimientos que la ley establece.

Para conocedores del derecho, como el abogado Mauricio Velasco, la elección del Fiscal Titular y Fiscal Adjunto se empaña desde el momento en que se postulan a diputados del Congreso Nacional, y sobre todo, cuando no se ha procedido a aprobar el nuevo reglamento de la Junta Proponente.

La ley del Ministerio Público, en su artículo 20 numeral 2, manda que no pueden ser elegidos Fiscal General de la República o Fiscal Adjunto, los diputados al Congreso Nacional, así como los parientes de cercanos de altos funcionarios civiles y militares.

También los concesionarios del Estado.

Adicionalmente su artículo 22 párrafo último, establece que ambos Fiscales serán electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de cinco candidatos que presente una Junta Proponente, la que tendrá su reglamento para regular su organización y funcionamiento; y el artículo 24 numeral 8 de la misma ley, manda que corresponde al Fiscal General emitir los reglamentos de la Ley de Ministerio Público.

Pese a las prohibiciones, en 2005 cuando se sustituyó a los entonces fiscales, Ovidio Navarro y Yuri Melara, el Congreso Nacional no acató lo ordenado y nombró como titulares del Ministerio Público, a los diputados Leónidas Rosa Bautista, y Omar Cerna.
Estos interpusieron su renuncia al título de diputados para ocupar las vacantes.

Las piezas “claves”

Según los adversarios del actual gobierno, incluyendo miembros del Partido Liberal, es una conveniencia del presidente Manuel Zelaya, que en el cargo de Fiscal General quede uno de sus hombres o mujeres de confianza.

Entre las piezas claves de Zelaya, se menciona a la actual gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Rixi Moncada, también al ministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, al ministro de Defensa, Arístides Mejía o a la controversial ex magistrada y pieza clave en el ajedrez político de Zelaya Rosales, Marlina Dubón, esposa del ministro de la Presidencia.

Empero, los voceros presidenciales han corrido a aclarar que Zelaya no está interesado en intervenir en la elección del Fiscal ni mucho menos de que sea Marlina Dubón una de las candidatas.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, también tiene un candidato a quien ha manifestado su apoyo públicamente. Se trata del secretario del Congreso, José Alfredo Saavedra.

Otras fuentes políticas aseguran que el actual candidato presidencial por el Partido Liberal, Elvin Santos, insistirá para nombrar en ese cargo al abogado Mauricio Villeda, quien resguardó la precandidatura de Santos cuando no había sido inscrito por el Tribunal Supremo Electoral.

En la opinión pública ya aflora una nueva crisis por mantener el poder político en instituciones claves dentro de la administración gubernamental.