Investigan supuesto tráfico de dispensas en el Congreso

Un equipo de investigadores del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas inició ayer una investigación de oficio con el fin de establecer qué grado de responsabilidad tienen los diputados acerca de un supuesto tráfico de dispensas para introducir vehículos al país, libre del pago de impuestos.

Los funcionarios han solicitado a la Secretaría del Congreso la información pertinente sobre el listado de diputados propietarios y suplentes y copias de los decretos en donde se establece que los diputados tienen el privilegio de introducir al país, libre de impuestos, dos vehículos para uso particular durante su período como representantes del pueblo.

La investigación que hará el MP, a través de la Fiscalía contra la Corrupción y el Tribunal Superior de Cuentas, por medio de su equipo de auditores, es una exigencia que han hecho varios sectores de la sociedad, al conocer serias denuncias de que los diputados trafican con las dispensas que les otorga el Estado de traer vehículos sin pagar impuestos.

Diario EL HERALDO denunció recientemente que dos diputados del izquierdista Partido Unificación Democrática negociaron por 90,000 dólares con una compañía importadora de vehículos la venta de cuatro dispensas.

Tras la denuncia, diputados de ese mismo colectivo político pidieron que se investigara no solo lo acontecido en la UD, sino que con el resto de diputados de los dos principales partidos políticos ya que “allí si existe el tráfico de más de dos dispensas por una sola persona”.

Las investigaciones se realizarán de oficio, tras conocer que los diputados están utilizando dichos privilegios para comerciar la venta de dispensas, como ocurrió con dos diputados del izquierdista Partido Unificación Democrática (UD), cuyos detalles reveló en su momento diario EL HERALDO

El director ejecutivo del TSC, Moisés López, y el titular de la Fiscalía de Lucha Contra la Corrupción, Henry Salgado, dijeron que actuarán de oficio por las denuncias publicadas en medios de prensa escrita y radial.

Salgado manifestó que ambos organismos actuarán para esclarecer la verdad sobre compra y tráfico de las dispensas.

Aclaró que aunque no sea un delito penal, la obligación de estas instituciones es averiguar qué grado de responsabilidad tienen algunos diputados en el comercio y tráfico de dispensas.

El funcionario manifestó que tampoco es correcto que algunos congresistas tengan más de dos dispensas ya que “solo tienen derecho a lo que la ley establece”.

Señaló que harán las averiguaciones y dependiendo de lo que encuentren, lo informarán y sí hay algo penal, lo remitirán a la Fiscalía, si no, sería un delito civil y administrativo.

Sobre este tema, el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Armando Sarmiento, ha dicho que no es correcto que un diputado tenga hasta ocho dispensas usadas en un solo periodo.

Sarmiento, confirmó que la otorgación de dispensas, hizo perder unos 320 millones de lempiras al Estado, mismas que son dadas y utilizadas por los diputados propietarios y suplentes del Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el sector de la diplomacia radicada en el país.

Algunos diputados del Congreso nacional, reconocen que el otorgamiento de dispensas ya no está acorde con la realidad que vive el país.