Gestión de Rosa Bautista no “engavetó” expedientes

La transparencia en el manejo de expedientes por parte del Ministerio Público (MP) fue acreditada en una consultoría internacional.

A cada denuncia que se interpone en el MP se le da el trámite de investigación correspondiente hasta llegar a una resolución.

La investigación arrojó que no hubo expedientes “engavetados” como lo denunció un grupo de fiscales.

A raíz de las denuncias, el propio MP inició gestiones para contratar una consultoría internacional independiente para que verificara en la Fiscalía contra la Corrupción cómo se manejan los expedientes.

Fue de esa forma que con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Programa de Fortalecimiento del Sector Justicia, se contrató los servicios del especialista paraguayo Gustavo Gorostiaga Boggino, quien realizó su labor investigativa en la gestión y operatividad general de la Fiscalía contra la Corrupción.

Conclusiones

En su informe técnico, de unas dos mil páginas, Gorostiaga expone sus conclusiones.

“En relación al cuestionamiento principal de los actores sociales que protagonizaron el conflicto (huelga de hambre) que hiciera surgir la necesidad de esta consultoría, creemos que este cuestionamiento merece una respuesta clara y asertiva como resultado de la auditoría de expedientes de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción.

En este sentido, en forma nítida y categórica debemos señalar que no hemos encontrado indicios serios que permitan concluir la existencia de una decisión deliberada de la autoridad institucional en retardar o impedir la formulación de requerimientos en los casos sometidos a estudio de esta consultoría”, puntualizó el informe.

Expone que el debate ideológico en que se involucran muchos fiscales que en lugar de nutrir y hacer evolucionar el sistema penal, busca atajos en debates sobre la transformación entera de la sociedad hondureña.

Refiere que la sustitución de las autoridades del MP no soluciona el conflicto de fondo, como lo demandaron.

“Existe un conflicto entre el marco de la prudencia de toda investigación penal y la necesidad de salvaguardar derechos de la sociedad acerca de cuestiones que afectan el patrimonio público”, cita el informe.

En muchos casos el MP inicia de oficio investigaciones derivadas de denuncias expuestas públicamente.

“La supuesta búsqueda de sanciones morales hacia presuntos responsables, constituye un menoscabo a derechos individuales y crea en el cuerpo social la sensación de impunidad”, expresa.

El fiscal general, Leónidas Rosa Bautista, reaccionó con satisfacción. “Hemos actuado en el marco de la Constitución y la ley, siempre respetando el debido proceso y el estado de inocencia de los ciudadanos”.

“Siempre se trató de casos antiguos que no habían sido generados en nuestra administración y que podían haber sido resueltos con diligencia en su momento”, manifestó.

A su juicio la huelga no tenía por fin averiguar la verdad de los expedientes, sino la separación “irrespetuosa e inconstitucional” de los fiscales generales.

“Dejamos instalado un sistema de expediente digital que borrará de la faz de la impresión ciudadana que el MP tiene la oportunidad de esconder o guardar expedientes”, dijo.