ONG en estado de alerta

Las organizaciones no gubernamentales extranjeras amenazan con abandonar el país si el Congreso Nacional no las llama a dialogar sobre los alcances de una ley que pretende regularlas, junto a las nacionales.

Estas agrupaciones, que trabajan con donaciones de otros países y organismos de beneficencia, consideran el nuevo dictamen -elaborado en el Poder Legislativo- como “una mordaza” que solo conducirá a disminuir ostensiblemente la operatividad en el país.

Por eso se han declarado en estado de alerta y en sesión permanente.

Se estima que en Honduras hay unas ocho mil ONG pero en ellas están incluidos los patronatos, asociaciones de padres de familias, iglesias y otro tipo de organizaciones que se han creado para trabajar en función de intereses específicos.

Dentro de ellas hay 23 que tienen carácter internacional porque financian proyectos en los campos de la educación, salud, desarrollo sostenible, infraestructura y electrificación rural, entre otros.

Muchos sectores cuestionan a algunas organizaciones porque supuestamente nadie las controla y hay fuertes sospechas de que el dinero lo desvían hacia otros fines.

Representantes de las ONG internacionales expresaron su preocupación por el giro que le ha dado el Congreso Nacional a la ley, cuyo dictamen fue cambiado en un 80 por ciento después de conocer un informe de una Ong que evalúa el trabajo de los diputados.

Esta investigación, hecha por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), deja muy “mal parados” a los diputados en términos de iniciativas de ley, calidad de los proyectos y los intereses que se juegan.

El dictamen del anteproyecto de ley que se viene preparando desde hace varios años fue cambiado de la noche a la mañana.
Se le agregaron sanciones, prohibiciones y se crea una Superintendencia que, a juicio de Arnaldo Bueso, director de Caritas

Internacional, no tiene justificación por cuanto la secretaría de Gobernación y Justicia ya tiene la Unidad de Registro de Asociaciones Civiles.

Con esta nueva institución “ya no tendrán derecho de opinar las Ong, las dejará amarradas. No se podrá hacer un trabajo a favor de las comunidades”, dijo Bueso, quien no quiere pensar que detrás de todo hay una actitud de venganza del Congreso Nacional.

Mario Planes, presidente de la Junta Directiva de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (Foprideh) y director de Save The Children, advirtió que la ley ahuyentará a las Ong.

“En este momento está imposibilitando que las internacionales sigamos operando en el país.

Tal y como está la ley no podemos la mayoría de internacionales adecuarnos a las exigencias.

En un año, Care Internacional, Plan Internacional y Ayuda en Acción van a tener que salir del país porque no van a poder cumplir con los requisitos”, dijo.

El Congreso dispuesto a regularlas
Las organizaciones no gubernamentales extranjeras y nacionales manejan la atractiva suma de dos mil millones de lempiras anuales.

Ellos dicen que los donantes y el Ministerio de Gobernación les exigen informes detallados, pero hay sectores que dudan de la transparencia de estos fondos.

Tras conocer un informe del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, que evalúa el trabajo de los diputados, se armó todo un debate en el Congreso. De inmediato, se revisó el dictamen de la Ley de Regulación de las Organizaciones No Gubernamentales y está listo para discusión y aprobación.

Las Ong reconocen que hay organizaciones de “maletín” pero que no se les puede poner en el mismo costal a todas.

Las que reciben dinero de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, España, Suecia y la Unión Europea, entre otros, ayudan a casi un millón de hondureños pobres mediante proyectos sociales.

Dicen que dan empleo a unas diez mil personas, de las cuales el 99 por ciento son hondureños.

Rolando Bú, de Foprideh, dijo que si las organizaciones extranjeras se ven en la necesidad de abandonar el país las familias pobres de La Paz, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Valle, Choluteca y Francisco Morazán serían las más perjudicadas.

El CN pretende regularlas para que no se inmiscuyan en actividades políticas ni mercantiles.