Decretan emergencia en sector educativo

El Poder Ejecutivo decretó estado de emergencia en el sector educativo, con lo que queda expedito el camino para la ejecución de las cuestionadas compras directas. En el diario oficial La Gaceta se publicó el decreto ejecutivo PCM-038-2008, en el cual el Consejo de Ministros decretó estado de emergencia en el sector educativo para legalizar las compras directas.

"Declarar estado de emergencia en el sector educación, con el objeto de reducir el índice actual de analfabetismo de 16.4%, se proyecta ampliar la cobertura a 298 municipios a efecto de beneficiar directamente a 750,000 jóvenes y adultos y beneficiar indirectamente a igual número de familias, lo que generaría como consecuencia un notable desarrollo de país", cita el artículo 1 del decreto ejecutivo.

En el artículo 2 se autoriza a la Secretaría de Educación para que "mediante un procedimiento de contratación directa, proceda a adquirir bienes, equipos, servicios y materiales didácticos necesarios para la implementación del Programa Nacional de Alfabetización José Antonio Domínguez, en base al Presupuesto aprobado por la Comisión Nacional de Alfabetización".

En el tercer articulado se instruye a la Secretaría de Finanzas para que identifique los fondos necesarios para la operatividad y funcionamiento del programa. La compra de emergencia la considera el Ejecutivo como necesaria para cumplir los acuerdos y compromisos originados en el documento de adhesión de Honduras a la Alba.

El decreto ejecutivo fue firmado por el presidente Manuel Zelaya y sus ministros. Las autoridades de los entes contralores y fiscalizadores del estado argumentan que en la mayoría de las compras directas se da una falta de transparencia, por lo que recomiendan evacuar procesos de licitaciones públicas. De acuerdo al artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado se establece que un estado de emergencia se decretará en casos de desastres naturales, epidemias, calamidad pública, necesidades de defensa o relacionadas con estado de excepción u otras circunstancias excepcionales que afectaren la continuidad de la prestación de los servicios públicos.

En el decreto se considera que se aprueba la emergencia por una circunstancia excepcional, sin exponer las causas que impidieron efectuar un proceso de licitación para adquirir bienes, equipos y materiales educativos.