Ramos Soto: Fiscalía debe acusar a "Mel"

Estar promoviendo la instalación de una cuarta urna en las elecciones generales incurre en delito que puede ser penado con reclusión de seis a diez años, recordó el abogado Oswaldo Ramos Soto.

El Ministerio Público es el ente encargado de hacer las investigaciones del caso para determinar quién está atentando contra el estado de derecho.

Esta iniciativa es aún más justificable desde el momento en que la propia institución dijo que era inconstitucional la idea de instalar una cuarta urna el día de las elecciones.

Ramos Soto basó su tesis en el artículo 239 constitucional, que dice: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyan directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.

El abogado constitucionalista dijo que este tipo de delitos son penados con prisión de seis a diez años, sin derecho a fianza.

Por otro lado, afirmó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no está facultado para levantar encuestas de tipo político.