Espaldarazo a la Constitución

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó ayer su compromiso de respetar y cumplir la actual Constitución de la República y sus leyes.

En conferencia de prensa y en ausencia del magistrado presidente de ese Poder del Estado, Jorge Alberto Rivera Avilés, el pleno dejó sentada su posición en relación al tema de la consulta y cuarta urna que impulsa el Poder Ejecutivo.

Los magistrados salen al paso por informaciones publicadas en medios de comunicación relativas al supuesto posicionamiento del máximo tribunal de justicia del país en torno a esta controversia originada por el Poder Ejecutivo.

Entre ellas, las declaraciones que recientemente vertió en medios de comunicación el titular de la CSJ, donde dio su opinión particular sobre la consulta. Declaraciones que fueron aprovechadas y usadas de forma incompleta y a conveniencia por Presidencial.

“Ratificamos que individualmente y como órgano colegiado, los magistrados de esta alto tribunal nos ceñimos al cumplimiento de las obligaciones previstas por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por Honduras y las leyes de la República en nuestra función de juzgar y ejecutar lo juzgado”, expresó el presidente por ley de la CSJ, José Tomás Arita Valle, en la lectura al comunicado que fue firmado por todos los magistrados.

Rivera Avilés se encuentra fuera del país, para la firma del pronunciamiento se integró a German Vicente García como magistrado integrante.

Arita Valle aseguró que Rivera Avilés esta de acuerdo en lo expuesto en el presente comunicado.

“Declaramos nuestro inquebrantable compromiso con los principios de probidad, independencia e imparcialidad que el impartimiento de justicia nos demanda, como garantía efectiva de la tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos”, añade del comunicado.

La opinión particular de Rivera sobre la consulta no debe ser considerada como una posición institucional de la CSJ.

“Aclaramos que ni individualmente ni como órgano colegiado la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado, ni ha autorizado pronunciarse, sobre el proceso de encuesta antes aludido y que será únicamente por medio de los procedimientos e instancias legalmente establecidos y resoluciones debidamente motivadas, que los órganos jurisdiccionales, en el marco de las respectivas competencias y en el momento procesal oportuno, se pronunciarán sobre tal controversia”, puntualiza el pleno.

“Ratificamos nuestro compromiso para fortalecer los mecanismos previstos en la ley para mantener el orden jurídico y la paz social, como presupuestos indispensables del desarrollo económico y social del país y de la consolidación del estado de derecho”, añade.

Demanda

La única resolución que ha emitido el Poder Judicial es la admisión de la demanda de nulidad interpuesta por el Ministerio Público (MP) en contra del decreto ejecutivo PCM-005-2009.

Sobre el particular, el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo separó el expediente de la demanda para resolver si la admisión es sin suspensión del acto impugnado, en este caso la encuesta del último domingo de junio.

“Afirmamos que el pleno de la Corte Suprema de Justicia ha demostrado en sus acciones y ejecutorias que todas y cada una de sus resoluciones obedecen única y exclusivamente a la fiel aplicación y cumplimiento de la Constitución, tratados internacionales suscritos por Honduras y las leyes, emitiendo sentencias que cumplan su función como herramienta de transformación de la realidad social, mediante la resolución de los diversos conflictos que constitucionalmente le compete dirimir”, concluye el comunicado.

La Gaceta

En relación a la demanda, fiscales del MP acudieron al Juzgado de Letras Contencioso Administrativo a acreditar los recibos de pago de publicación sucinta de la demanda de nulidad interpuesta, en un diario de circulación nacional y en La Gaceta.

Con ello se da luz verde al Juzgado para emplazar a la procuradora general, Rosa América Miranda, para que se pronuncie si esta o no de acuerdo con la suspensión de la encuesta de junio.

Este es un requisito previo para que esta instancia judicial emita una sentencia interlocutoria sobre si suspende el acto impugnado por el MP.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) integró un equipo de juristas para que estudien la convocatoria a la consulta de junio y la cuarta urna que se pretende instalar en las elecciones generales de noviembre.

Se hará un análisis de derecho comparado con las diversas constituciones para emitir una posición institucional, dijo Óscar García, presidente del CAH.

* Las cifras:

15 magistrados. Integran el pleno de la CSJ, quienes ratificaron su compromiso de cumplir y defender la Constitución y las leyes.

1 recurso. interpuso el MP en contra de la encuesta que promueve el Ejecutivo para junio, el cual la CSJ resolverá si la suspende.