Andeph y fiscalía investigan intimidación

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), los burócratas no tienen obligación de salir a las calles a llenar formularios para legalizar una encuesta.

Mauricio Corrales, secretario de educación del Consejo Nacional de esa organización gremial, dijo que “en la Ley de Servicio Civil no se habla en ningún momento de obligaciones de ese tipo”.

EL HERALDO publicó ayer denuncias de empleados públicos relacionadas a coacciones y amenazas para que estos salgan a las calles para llenar formularios denominados “iniciativa ciudadana” que facultan al gobierno a realizar una encuesta de opinión popular el último domingo de junio.

El gobierno recurrió a este recurso luego de que la Fiscalía, la Procuraduría General de la República y los mismos asesores del presidente, Manuel Zelaya, advirtieran que ese proceso era ilegal.

El Poder Ejecutivo, liderado por el mandatario Zelaya, pretende imponer una cuarta urna en las elecciones presidenciales, municipales y de Congreso Nacional del próximo 27 noviembre.

En esa cuarta urna se preguntaría al pueblo si está de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de derogar la actual Constitución y crear una nueva que permita a Zelaya Rosales seguir en el poder, según han denunciado analistas políticos.

“Las funciones de los empleados públicos están claras y están acorde al nombramiento y acuerdo que posee en la escala del Servicio Civil”, dijo el dirigente de la Andeph, al mismo tiempo que aclaró que hasta el momento no han recibido denuncia al respecto.

EL HERALDO pretendía consultar a Yaneth Bográn, inspectora general de la Secretaría de Trabajo, si esa entidad podría tomar acciones al respecto, pero no fue posible porque estaba en una reunión.

La posición de la Fiscalía

La denuncia también señala que el gobierno ha dispuesto cancelar entre 500 y mil lempiras a quienes llenen y firmen el formulario. Al respecto la Dirección de Fiscalías, del Ministerio Público, inició un estudio para determinar si se violentan derechos humanos a los empleados públicos.

“Tenemos que corroborar esa información para ser estudiado por el Ministerio Público, a través de las Fiscalías de Derechos Humanos y Defensa de la Constitución, tenemos que ver el contexto”, expresó la directora de Fiscalías, Danelia Ferrera. Sin embargo, cuando las resoluciones son ilegales nadie está obligado a cumplirlas. “Sabemos que hay un formulario, ningún servidor público está obligado a hacer algo que no esté dentro de sus funciones”, puntualizó.

Cualquier empleado público que se sienta vulnerado en sus derechos, al obligarle el gobierno a ir a las calles a llenar formularios para apoyar la encuesta de junio y la “cuarta urna”, la Fiscalía invita a interponer las denuncias en cualquier sede de esta entidad acusadora del Estado.

* Las amenazas: Al parecer, la intimidación del gobierno llegó al extremo de ofrecer el despido a los empleados que no apoyen el irregular proyecto.