2,113 millones erogó el gobierno en compras directas sin licitación

En los primeros tres años de gobierno de Manuel Zelaya se han conducido 25 proyectos de compras directas vía decreto de emergencia, cada uno desglosado en subproyectos, que en total suman 2,113 millones de lempiras, según se revela en un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Entre las entidades estatales que han conducido compras directas están Soptravi, Agricultura y Ganadería, Salud, ENEE, IHSS, Fondo Vial, Conapid, Portuaria, Sanaa y Registro Nacional de las Personas.

Destacan las compras de fármacos, reacondicionamientos al estadio Nacional y aeropuertos.

Como el informe del TSC corresponde a los primeros tres años del gobierno de “Mel” habrá que sumarle los 12.5 millones de dólares que el Ejecutivo aprobó este año para convertir Palmerola en aeropuerto comercial.

Con ello la suma se eleva a mas de 2,350 millones de lempiras en compras directas, es decir, sin el debido proceso de licitación pública.

En el informe no se incluye el proceso de contratación de 250 megas de energía a base de carbón, que también se hizo sin licitación ya que el gobierno se inventó un proceso imitado para lograr su objetivo de beneficiar a un poderoso “grupo de poder”.

Investigación

El TSC dispuso investigar si son o no transparentes las compras directas de la gestión de “Mel”, incluidos los dos años del anterior gobierno.

“Debido a que no existen datos estadísticos de los montos de las Contrataciones Directas por Emergencia que realiza el Estado, se hizo la investigación respectiva para poder contar con una base de datos. La información fue obtenida a través de las auditorías internas de 80 instituciones”, cita el informe del ente contralor.

“Llevamos un recuento de las diferentes contrataciones que se han efectuado, en este caso en particular (este gobierno) podríamos decir que nunca se ha seguido un proceso de contratación pública nacional e internacional”, expresó el director ejecutivo del TSC, Moisés López Alvarenga.

“Estamos en proceso, unas están en investigación, en otras ya emitimos alguna resolución”, manifestó el director. En la investigación el TSC establece los perjuicios ocasionados al Estado por no seguir los procedimientos legales. “No se han justificado esas contrataciones por el hecho que jamás existieron las emergencias”, manifestó.

El TSC ha detectado algunas anomalías, como el hecho que muchos proyectos no se llevaron a cabo, por ser empresas de “maletín”. Otra es que se vale de un injustificado decreto de emergencia para hacer compras en varios años.

El TSC solicitó información al presidente Zelaya y sus funcionarios, pero estos no han colaborado en la investigación.

“Si en un plazo determinado no la dan, haremos pública las notificaciones y las responsabilidades que correspondan, sean civiles, administrativas o penales”, precisó el funcionario.

Nada transparente

La Ley de Contratación del Estado instruye que de manera general se deben ejecutar procesos de licitación pública.

La excepción son las compras directas, sin embargo, en Honduras sucede lo contrario.

Para legalizar las contrataciones directas se requiere la aprobación de decretos de emergencia que debe cumplir requisitos bien sustentados.

Entre ellos la ley señala como requisitos que se presenten desastres naturales, cuando solo hay un oferente y así lo establezcan disposiciones del presupuesto.

“Es una modalidad en casi todas las instituciones hacer las negociaciones vía contratación directa, obviando el procedimiento legal. Las acciones de este gobierno son ilegales”, puntualizó el director.

* Sin transparencia: La Convención Interamericana Contra la Corrupción recomendó a los Estados miembros erradicar las compras directas, por no ser transparentes.