Honduras
Mientras el país sufre los peores males, delincuencia, pobreza, huelgas y otros, los funcionarios encargados de solucionarlos andan inmersos en promover la cuarta urna o urna del continuismo.
Un total de 32 servidores públicos, entre ministros y directores y subdirectores de instituciones públicas, repartidos en los 18 departamentos, han desatendido las funciones que juraron cumplir.
El presidente Manuel Zelaya fue quien giró la orden a estos subalternos para que reforzaran este proyecto que ya ha sido declarado ilegal por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.
Cabe destacar que los mismos juristas del Presidente, le advirtieron en un escrito que el proceso de consulta era ilegal y por tanto, había una posibilidad real de ser acusados por abuso de autoridad.
Debido a la impopularidad del proyecto del gobernante, que se teme conduzca al continuismo, los ministros han entregado 40 formularios a cada burócrata para que los regresen llenos.
Los formularios, conocidos como Iniciativa Ciudadana, los necesita el Ejecutivo para intentar legalizar la pretendida consulta del 28 de junio.
El inconveniente que ha encontrado el gobierno es que los ciudadanos no quieren firmar y en algunos casos, hasta han estado a punto de linchar a los funcionarios.
El caso más sonado ha sido el de la gerente de la ENEE, Rixi Moncada, quien prácticamente fue expulsada de Choluteca.
Los pobladores le pidieron que en lugar de hablar de urnas, debería preocuparse por resolver los problemas de suministro eléctrico que predomina en la zona sur.
Al cuestionarle el abandono en que tiene a la empresa eléctrica, sin ninguna pena justificó que “la ENEE tiene 28 meses de estar abandonada”.
Rebeca Santos, ministra de Finanzas, tiene asignado el departamento de Francisco Morazán.
Curiosamente, Santos no ha sido capaz de enviar, desde septiembre de 2008, el presupuesto general del año fiscal 2009.
Fredys Cerrato, ministro de Industria y Comercio, tiene una deuda con los hondureños que se sienten agobiados por los crecientes precios de los productos básicos. Además, las exportaciones van en caída libre.
En el caso de Valle, el comisionado ha sido Jorge Méndez, gerente del SANAA.
La Secretaría de Educación corre la misma mala suerte que otras instituciones.
Mientras miles de jóvenes permanecen en sus casas, porque no hay maestros para impartirles clases, Marlon Brevé se divaga intentando convencer a ciudadanos en el departamento de El Paraíso.
Ayer, jóvenes de varios colegios protestaron en las calles ante la falta de educadores.
Además, persisten los problemas por edificios escolares y colegios en mal estado, falta de mobiliario, entre otros.
El fallo
Los funcionarios se exponen a ser acusados por desacato, ya que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo declaró nula la encuesta de opinión programada para el 28 de junio.
Se declaró ilegal porque el objetivo que se persigue es instalar una cuarta urna el 29 de noviembre, para preguntarle a la población si está de acuerdo en instalar una Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva Constitución de la República.
La Constitución establece cuáles son los mecanismos para consultar al pueblo y para convocar a plebiscito y referéndum.
El Poder Ejecutivo ha ignorado todos esos procedimientos impulsando un proyecto ilegal y atentatorio al estado de derecho y el orden constitucional.
Esta judicatura aclaró que sea cual sea el nombre que se le de al sondeo es ilícito, pues el fin que busca es anular la Constitución de la República.
En la misma línea de respeto a la ley, se han pronunciado la Procuraduría General, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso Nacional, el Comisionado de Derechos Humanos y la mayor parte de los ex constituyentes.
Además, se han pronunciado en contra de la ilegalidad las iglesias católica y evangélica, los empresarios, la sociedad civil y todos los partidos políticos a excepción de UD.
* Prohibición: Tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Juzgado de lo Contencioso Administrativo prohibieron actividades de promoción de la cuarta urna.
Rotundo no a las dictaduras: Conadeh
Una encuesta de opinión pública, realizada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reveló que los hondureños están en contra de las dictaduras y de los gobiernos totalitarios y que pese a las imperfecciones, ocho de cada diez hondureños consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno.
El estudio, basado en una encuesta nacional de 1,200 entrevistas a adultos hondureños residentes en el país, con un margen de error de 2.8% y un nivel de confianza del 95%, establece que dicha afirmación es avalada principalmente por los hombres (80%), personas de edad media (81%), personas con educación superior (86%) y los de ingresos mayores (83.6%).
Otro de los hallazgos de la encuesta, es que el 90% de las personas que se abstuvieron de votar en las últimas elecciones, culpa a la clase política del país por ser mentirosos, por incumplir sus promesas y por no representar a la población una vez que son gobierno.
Aunque la mayoría de los hondureños estima que la democracia es la mejor forma de gobierno, un 8.40% aseguró estar muy satisfecho mientras que un 37.3% expresó que estaban satisfechos con la forma en que funciona la democracia en el país.
Esta última opinión es compartida mayoritariamente entre lo hombres (40%), personas de edad media (39%), personas sin escolaridad (40.5%) y con ingresos superiores (39.3%).