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Bajo investigación millonarias compras directas

· Se verificará la comisión de delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias
14.06.09 - Actualizado: 14.06.09 07:01pm - Redacción: diario@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

Las compras directas, sin licitación, que ejecuta el gobierno están en la mira de los entes contralores y fiscalizadores del Estado.

EL HERALDO publicó recientemente un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el cual se revela que 2,113 millones de lempiras ha erogado el actual gobierno en contrataciones directas, obviando las licitaciones públicas internacionales.

Según el informe, en Consejos de Ministros, presidido por el mandatario Manuel Zelaya, se aprobaron las compras directas valiéndose en injustificados decretos de emergencia.

La denuncia del TSC llamó la atención de la Fiscalía contra la Corrupción, quien decidió abrir de oficio un expediente investigativo, informó el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado.

En las diligencias investigativas se verificará si en las compras se violentó o no la Ley de Contratación del Estado, específicamente si se reunieron presupuestos taxativos de cuando se debe hacer una contratación directa.

Para llegar a una conclusión la Fiscalía solicitó al TSC les remita el informe de auditoría de las compras directas de este gobierno. “Será para iniciar una investigación seria al respecto y acreditar si hay alguna responsabilidad penal”, expresó.

Se investigará la comisión de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias o violación de deberes de los funcionarios.

Salgado cuestionó que el no enviar el Ejecutivo el anteproyecto de Presupuesto al Congreso Nacional afecta la ejecución de compras por licitación.

* La cifra: 2,113 Millones de lempiras contabiliza el TSC en compras directas que erogó el actual gobierno en los primeros años de gestión.

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En Consejo de Ministros se acostumbra aprobar compras directas legalizándolas con declaratorias de emergencia que, en muchos casos, no existen.
En Consejo de Ministros se acostumbra aprobar compras directas legalizándolas con declaratorias de emergencia que, en muchos casos, no existen.

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