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Investigan despilfarro en “urna del continuismo”

Recuerdan a gobierno que sentencia que suspende la encuesta debe cumplirse
15.06.09 - Actualizado: 15.06.09 07:34pm - Redacción: diario@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

El Ministerio Público solicitó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigar el despilfarro de dinero que hace el gobierno de Manuel Zelaya en promover la ilegal encuesta del último domingo de junio y la cuarta urna de noviembre, con el cual se busca derogar la Constitución.

“Hemos recibido una solicitud formal de parte del Ministerio Público para investigar los actos realizados en torno a lo que se conoce como encuesta de opinión, cuarta urna o como lo queramos llamar”, dijo Renán Sagastume, magistrado del TSC.

“Ya estamos recopilando toda la información sobre el particular en las diferentes instancias del sector público, porque la información no solamente se refiere a los gastos de publicidad, sino también se nos ha dicho que hay viáticos y gastos de viaje para diversos funcionarios”, añadió.

Los ministros y otros funcionarios de alto nivel fueron desplazados a diferentes sectores del país para hacer labores de promoción y levantar encuestas, confirmó.

Además, se denunciaron pagos hasta de 500 lempiras a cada empleado que participó en una marcha de apoyo a la cuarta urna. “Es de público conocimiento que hubo una marcha de solidaridad en la cual también aparentemente hubo feriado, hubo unos pagos para la asistencia”, señaló.

El TSC recopila información del gobierno para verificar que el gasto de promover la cuarta urna esté dentro de los parámetros que marca la ley, de lo contrario, afirmó que se deducirán responsabilidades.

El gobierno se niega a cumplir la sentencia del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo que suspende la encuesta.

“Los fallos judiciales no se discuten, se acatan, se cumplen”, enfatizó el magistrado. En cambio, el gobierno descuida atender sectores fundamentales como salud, educación y seguridad.

* FUNDAMENTO: El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo suspendió la encuesta del último domingo de junio, por lo que los gastos son reparables.

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Gobierno destina millonarios recursos para promocionar una encuesta declarada ilegal por el juzgado competente.
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