MP actuará contra quienes apoyen la encuesta ilegal

Los que promueven la ilegal encuesta del último domingo de junio incurren en responsabilidades penales, civiles y administrativas.

Así lo advirtió el asesor legal del Ministerio Público (MP), Rigoberto Espinal Irías.

El llamado es para funcionarios, empleados, militares y civiles.

“Sí, tienen implicaciones de responsabilidad, en algunos casos serán administrativas, en algunos otros casos podrá ser civil y en todo caso es penal; porque los atentados contra el orden jurídico, contra la forma de Gobierno y contra todo acto que implique generar gobiernos que no han surgido de los procedimientos que están dados en la Constitución y que son usurpadores, dan lugar a acción penal”, advirtió Espinal en una comparecencia en Hoy Mismo.

En el caso de los servidores públicos y militares incurrirían en los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, al hacer caso omiso a una sentencia emitida por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, que ordena la suspensión de la encuesta.

Se incluyen los empleados públicos que participen en las mesas receptoras de las encuestas.

En el caso de los civiles que se les compruebe su participación violentando la sentencia se incoarían acciones penales por desobediencia a un mandato judicial.

En un estado de derecho las resoluciones judiciales se respetan y se cumplen.

Las responsabilidades serán deducidas por el MP, según advirtieron las propias autoridades del ente acusador del Estado. No se descarta que las acciones penales comiencen a incoarse a partir de la próxima semana.

Argumento jurídico

Por atentar contra el orden jurídico existente, específicamente un zarpazo contra la propia Constitución de la República, el MP inició diligencias de tipo administrativo para que se declare la nulidad y suspensión de la encuesta.

Los propios juristas de Casa Presidencial advirtieron que el decreto para celebrar la consulta o encuesta es ilegal y da la vía libre al MP para interponer acusaciones penales.

La demanda interpuesta por el MP fue impugnada por varios abogados a través de recursos de apelación y amparos, los que no fueron admitidos. “Se ha confirmado la decisión del Juzgado de primera instancia”, expresó Espinal.

“El presidente de la República es un alto funcionario del Estado, cuyo deber principal es hacer que se cumpla la Constitución; es atípico que el propio Ejecutivo esté propiciando un movimiento para derogar la Constitución, eso es totalmente contrario al estado de derecho”, indicó.

En reiteradas ocasiones “Mel” y sus colaboradores refieren que son “grupos de poder” los que adversan el proyecto.

Al respecto, Espinal expuso que esa es una apreciación subjetiva de alguien que pretende tener poderes absolutos y un grupo de personas que creen que Honduras debe cambiar su conformación republicana, democrática y representativa por otro tipo de sistema.

La sentencia está firme y se cumple

La sentencia interlocutoria que suspende la encuesta de junio, dictada por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, esta firme, por lo tanto su cumplimiento es obligatorio.

Así lo recordó el fiscal adjunto del Ministerio Público, Roy Urtecho, luego que la Corte de Apelaciones declaró inadmisible un recurso de amparo interpuesto por el abogado René Velásquez contra la suspensión de la encuesta.

Velásquez no interpuso el recurso de reposición por lo que el expediente se archivó. “Se mantiene firme la sentencia, en un estado de derecho las decisiones de los jueces se respetan y son ley para todos y todas”, puntualizó el adjunto.