Asistir a encuesta sería avalar el gran fraude

Los miembros del Frente Aliado Patriótico de Honduras (FAPH) hizo ayer un llamado a no participar en la encuesta del 28 de junio, en caso de que el Ejecutivo persista en seguir con este proceso declarado ilegal por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, Fiscalía, Procuraduría General y hasta por los mismos juristas del presidente Manuel Zelaya.

Cabe destacar que la encuesta no es vinculante, porque así lo establece la Ley de Participación Ciudadana, en su artículo 5.

Eso significa que los resultados de esa encuesta, de llegar a realizarse, solo servirán para emitir juicios de valor de parte del convocante, es decir, del Ejecutivo.

La consulta ha sido declarada ilegal porque su objetivo es derogar la Constitución de la República, con el fin de modificar la forma de gobierno e instaurar una dictatura similar a la que se vive en Cuba y Venezuela.

“El Frente Patriótico declara su firme oposición a las claras intenciones de continuismo del señor Zelaya”, dice el comunicado.

Afirman que la encuesta del 28 de junio ha sido propuesta por el Ejecutivo, preparada, distribuida, vigilada y finalmente el conteo será realizado por el mismo Ejecutivo.

“Todos sabemos que el fraude está armado. No importa si ganara el ‘no’, el gobierno anunciará que ganó el ‘sí’”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) envió representantes para afirmar que la encuesta no es vinculante y reiteraron que no se enviará una misión de observadores electorales.

Los miembros del frente advirtieron que si el pueblo participa en la encuesta, estaría legitimando un proceso ilegal. Quienes promueven el proceso contra la Constitución y el orden democrático pueden ser acusados por delitos de lesa patria.

Además, el objetivo de la encuesta es intentar instalar una cuarta urna el día de las elecciones, donde se buscará dar un zarpazo a la Constitución actual para promover el continuismo.

Una tercera razón para no acudir a la encuesta es que la misma ya se hizo, por lo que resultados son manipulados por el Ejecutivo ya que nadie ha observado la transparencia del proceso, que es ilegal.

* Grupos: Partidos políticos, sociedad civil, mujeres organizadas, fiscalía, Congreso Nacional, Procuraduría, iglesias, juzgado y empresarios están en contra de que se viole la ley y se derogue la Constitución.