“Acuerdo de San José” tiene contradicciones, según CN

La comisión especial nombrada al efecto comenzó ayer a hacer los estudios para establecer si procede o no una declaratoria de amnistía por los supuestos delitos políticos cometidos por el presidente depuesto Manuel Zelaya, antes y después del 28 de junio y que condujeron a su separación del poder.

Los diputados que integran este grupo de trabajo, en su primera reunión se han encontrado con varios supuestos que hacen compleja la labor que desarrollarán de cara al compromiso de presentar este jueves un informe al plenario legislativo.

La primera contradicción encontrada en el documento que contiene el plan de mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, es que en el punto número uno se propone un gobierno de unidad y reconciliación nacional, el que funcionará sobre la base del recién aprobado presupuesto de la República del ejercicio fiscal 2009 y que estaría integrado por representantes de los diversos partidos políticos.

Sin embargo, en el punto seis del referido documento, se solicita al Congreso Nacional que, a efectos de recuperar la integración y legítima conformación de los poderes constituidos al 28 de junio de 2009, en lo procedente retrotraiga la situación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral a su estado previo al 28 de junio, por haber sido conformados sobre los artículos 202, 205, incisos 9 y 11, y 236 de la Constitución de la República.

Lo anterior implica el retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República hasta la conclusión de su período gubernamental el 27 de enero de 2010.

El diputado Rigoberto Chang Castillo considera que hay una contradicción por cuanto se está proponiendo un gobierno de reconciliación y unidad compuesto por todos los partidos y al mismo tiempo se pide se retrotraiga el Poder Ejecutivo tal como estaba el 28 de junio, eso quiere decir que se restablecerá el mismo Gabinete de Gobierno.

La comisión, que está integrada por los diputados Ricardo Rodríguez, Enrique Rodríguez Buchard, Rodolfo Irías, Donaldo Reyes, Toribio Aguilera y Ramón Velásquez Nazar, inició la discusión con base a un análisis jurídico sobre la constitucionalidad de los decretos de amnistía aprobados por el Congreso Nacional en el curso de la historia, en los años 87, 90 y 91 emitidos para dar amnistía a quienes se involucraron en sucesos violentos por invasiones de tierras y por delitos políticos, así como a los militares que participaron en la represión de las invasiones o en los hechos producidos en la denominada década de los 80.

El diputado Rodolfo Irías Navas es de la opinión que, para pronunciarse, el Congreso Nacional debe contar con resoluciones ya emitidas por los tribunales, declarando culpables a las personas objeto de la amnistía y no cometer el error inconstitucional de declarar sin que hayan casos en los tribunales competentes.

* Actividades: Los congresistas se reunirán con personeros del Ministerio Público para establecer si procede la declaratoria de amnistía a favor de Zelaya y su gabinete.