Padres de familia acuerdan no aceptar más huelgas en el Central

El ejemplo que muchos padres de familia podrían seguir si los maestros insisten en abandonar las aulas de clases sin justificación, es un hecho ocurrido ayer en el instituto Central Vicente Cáceres.

Decenas de jefes de familia y amas de hogares se unieron y se apoderaron del colegio más numeroso de la capital, para ponerle un alto a la constante pérdida de días de clases producto de los llamados a paro que viene haciendo la dirigencia magisterial en apoyo a Manuel Zelaya Rosales.

Los padres y madres de familia abarrotaron el auditorio del Instituto Central y exigieron la inmediata remoción del director, Roberto Ordóñez, a quien acusan de estar boicoteando el desarrollo normal de las clases, afectando a más de 7,000 jóvenes de ciclo común y diversificado.

Varios profesores y la misma subdirectora del Central acusaron el lunes a Ordóñez ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por hostigar a los docentes que están a favor de la educación y no a favor de los "intereses" de la dirigencia magisterial.

"Ya basta que nuestros hijos sigan siendo sacrificados por cuestiones políticas que no tienen que ver con la educación. Exigimos al ministro de Educación que cambie al director de este colegio porque nosotros, si es posible, vamos a venir a recibir clases sentados en las aulas con nuestros hijos, para vigilar que no se les niegue ese derecho", advirtió Doris Barrientos, presidenta de los padres de familia del instituto Central Vicente Cáceres.

Malestar

El malestar de miles de padres de familia y de la sociedad en general ha quedado evidenciado en las últimas semanas ante los llamados a paro que vienen haciendo los miembros de la dirigencia magisterial a favor del ex presidente Zelaya.

En el nivel primario, las clases se han venido desarrollando casi de forma normal, debido a que decenas de profesores han decidido no acatar los llamados de su dirigencia.

Sin embargo, en media ha ocurrido lo contrario y en ciudades como Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, hay temor de que se pierda el año escolar.

Hasta la semana anterior, los maestros decidieron permanecer en las aulas de clases los días lunes, martes y miércoles e irse a las calles el resto de la semana.

"Nosotros no vamos a permitir más interrupciones, exigimos los cinco días de clases", aseveró otra madre de familia en medio de la asamblea que desarrollaron ayer los padres de familia del Central. El gobierno no ha procedido aun a deducir un tan solo día de salario a los maestros que han abandonado a sus alumnos por andar protestando en apoyo a Zelaya Rosales.

Clases

En la mayoría del sistema educativo público, el ambiente que se vivía ayer era de normalidad a excepción de las escuelas y colegios que se ubican en la zona fronteriza de Honduras con Nicaragua, los cuales permanecieron cerrados por efectos del toque de queda decretado en la zona.

En la capital, la mayoría de las escuelas y colegios abrieron sus puertas a miles de niños y jóvenes, pero no se descarta que las actividades educativas se interrumpan mañana en algunos centros de enseñanza.

El lunes el Ministerio Público (MP) informó que ya comenzó a emitir las primeras acusaciones en contra de varios maestros que han venido negando el derecho a la educación que tiene la niñez y la juventud hondureña.

Las acusaciones ya fueron emitidas ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, órgano que deberá emitir las respectivas sanciones en contra de aquellos educadores que no justifiquen su ausencia de las aulas de clases.

El MP anunció que mantendrá vigente un proceso de inspección en los centros educativos para constatar que los maestros cumplan con sus obligaciones, tal como lo establece la ley.

Cobran salario y faltan a clases

Según las autoridades de la Secretaría de Educación, la mayoría de los maestros cobraron la semana anterior el mes de salario y el bono de ajuste social y calidad educativa conocido como Pasce.

Los pagos se hicieron efectivos a todo el magisterio pese a que existen grupos de maestros que se han ausentado semana tras semana de las aulas de clases.

El bono de ajuste social es un incentivo que se otorga a los maestros adicional al salario, en cumplimiento a los acuerdos suscritos entre el magisterio y el gobierno en agosto de 2006.

Hasta ayer las autoridades educativas no contemplaban deducciones de salario a los maestros pese a los paros decretados.