En prisión responsables de promover violencia

Anoche fueron enviados a la Penitenciaría Nacional de Támara 11 manifestantes responsables por los actos vandálicos del pasado miércoles en el centro de Tegucigalpa.

El comisionado de la Policía Nacional, Danilo Orellana, informó hoy que los tribunales de justicia de Tegucigalpa dictaron auto de prisión contra los simpatizantes del ex presidente Manuel Zelaya que protagonizaron actos terroristas a inmediaciones del Congreso Nacional.

Las otras 13 personas, entre las que se encontraban mujeres, jóvenes y heridos, fueron encausados con otras medidas debido a su participación en la protesta ilícita.

Orellana dijo a radio América que las leyes contemplan hasta 20 años de reclusión para quienes atenten contra la vida de las personas y los bienes del Estado y de particulares por motivos políticos.

Los protestantes son acusados de cometer los delitos de robo, sedición, daños y manifestación ilícita. La pena por estos delitos son: por robo, de cinco a nueve años de prisión; daños, de tres a cinco; sedición, de cinco a diez y manifestación ilícita de dos a cuatro años de prisión para sumar en total 15 años como pena mínima y 28 como pena máxima.

El comisionado sostuvo que la intención de los manifestantes era incendiar el centro de la ciudad, según la información emitida por el departamento de Análisis de la Policía Nacional.

Otros 43 ciudadanos fueron citados por las autoridades por la posesión de bombas molotov, candelas explosivas y botellas plásticas llenas de arena (que se utilizarían para la fabricación de las bombas) encontradas en el operativo realizado por agentes policiales, miembros del Ejército y fiscales del Ministerio Público en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), centro que ha sido utilizado como albergue por los seguidores de Zelaya.

El Ministerio Público continúa las investigaciones del caso y contempla la acusación de los dirigentes de las turbas por promover la violencia.

Según información de la Policía, algunas de las personas que se encuentran albergadas en la Universidad Pedagógica y en el Instituto Nacional Agrario están siendo "engañadas" por los dirigentes que les habrían "prometido" una retribución por participar en las protestas.

Los informes señalan que sindicatos de trabajadores están involucrados en las tomas de las instituciones estatales.

Los dirigentes de la resistencia están utilizando a los hombres y mujeres procedentes del interior del país como "carne de cañón" mientras se "reúnen y hablan por teléfono" dando órdenes precisas sobre las acciones violentas a tomar, indicó Orellana.

Además, las autoridades obtuvieron información que confirmaría que la barra brava de un equipo de fútbol capitalino estaría recibiendo dinero para realizar actos vandálicos.

Asimismo, confirmó que personas muy reconocidas dentro del grupo de resistencia están implicadas en el recibimiento de dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como lo anunció ayer el presidente interino, Roberto Micheletti.