Un arreglo político sería romper el orden jurídico

El asesor presidencial Enrique Ortez Colindres declaró ayer que la propuesta de una tercería debe enmarcarse en la Constitución de la República, en cuanto a la sucesión presidencial. Según el doctor en ciencias jurídicas, cualquier propuesta que sea incorporada al Acuerdo de San José es bienvenida siempre y cuando se respeten las leyes establecidas.

Ortez Colindres manifestó que un tercero que asuma la presidencia y que no esté dentro del marco del orden establecido, como parte de un arreglo político, provocaría un rompimiento constitucional.

El asesor hizo tales observaciones tras que ayer el gobierno interino de Roberto Micheletti entregó al presidente de Costa Rica, Óscar Arias, una contrapropuesta que busca superar la crisis política causada tras la sucesión en la presidencia de la República de Manuel Zelaya Rosales, depuesto el pasado 28 de junio por violar la Constitución.

Arturo Corrales Álvarez, miembro de la comisión negociadora del gobierno de Micheletti, confirmó que la nueva propuesta fue entregada de manera oficial al mandatario costarricense, pero se negó a revelar los detalles de la misma "porque primero deberá conocerse en la mesa de negociaciones.

Corrales Álvarez, sin embargo, explicó que ya es de público conocimiento una de las posibles soluciones, la que el propio presidente Micheletti dio a conocer a los cancilleres de la OEA (Organización de Estados Americanos) que estuvieron en Honduras los días jueves y viernes de la semana que pasó, consistente en delegar el gobierno a una tercería.

Esta propuesta consiste en que Zelaya renuncie a la idea de retornar como presidente de Honduras y se someta a las leyes nacionales, al tiempo que sea favorecido por una amnistía por los delitos políticos y que Micheletti renuncie a la presidencia y se designe a una tercera persona como presidente provisional en la línea de sucesión constitucional.

Corrales Álvarez manifestó que lo importante es que se respete la Constitución de la República, pero advirtió que todo aquello que esté fuera de esta ley fundamental "no puede ser objeto de negociaciones".

Sobre el mismo tema, la vicecanciller Marta Lorena Alvarado declaró a los periodistas que el gobierno ha rechazado de manera rotunda la contrapropuesta de una junta de gobierno que sea designada por las partes en conflicto, como lo sugirió el candidato presidencial nacionalista, Porfirio Lobo Sosa.

"El nombramiento de una junta, rememorando los tiempos militares, no creo que sea una solución", dijo la funcionaria.

La posición fue reafirmada por Micheletti, quien pidió a los candidatos presidenciales que "no se pongan nerviosos", pues una junta de gobierno sería "una salida inconstitucional".

Micheletti, que el viernes cumplió dos meses al frente del gobierno, dijo a un canal de televisión que desearía una solución a corto plazo, aunque estimó que es más factible un acuerdo a mediano plazo, pero sin especificar fechas.

Micheletti aseguró estar dispuesto a renunciar al gobierno en aras de la paz, pero mantuvo invariable su posición de que Zelaya no debe volver a la Presidencia y que al menos por un año no podrá volver al país.

La vicecanciller Alvarado informó además que una delegación del gobierno que se encuentra en Washington está tratando de convencer a las autoridades norteamericanas de que ofrezcan opciones "más razonables" para superar la crisis, y no la vuelta incondicional al poder de Zelaya, pero que la propuesta oficial de tres puntos ya ha sido presentada al presidente costarricense.

La propuesta plantea el retorno de Manuel Zelaya a Honduras para enfrentar los juicios que tiene pendientes en los tribunales hondureños. El regreso del ex presidente está previsto para 2010, según la oferta.

El gobierno de Micheletti plantea que la amnistía política que deberá cobijar a quienes infringieron las leyes, con los hechos que anteceden y que ocurrieron después de 28 de junio pasado, corresponderá calificarla al próximo Congreso hondureño que se instalará en enero entrante.

"Estas propuestas son alternativas a la luz de la Constitución y de las leyes", dice un escueto comunicado divulgado ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también indica que el gobierno de Micheletti seguirá con la voluntad de dialogar y mantener las puertas abiertas en el marco de la propuesta de San José.