INA y oficinas regionales vuelven a la normalidad

Más de 800 empleados se reincorporaron ayer a sus labores en el Instituto Nacional Agrario (INA), dos días después del desalojo, por parte de la Policía, del grupo de campesinos que se había tomado las instalaciones tras los sucesos del 28 de junio.

La mayoría de regionales que habían corrido la misma suerte también volvieron a su normalidad, informó Hernán Reyes Puerto, funcionario de la institución. Los 56 campesinos, afiliados a las tres confederaciones del campo, ocupaban los edificios cuidando, según ellos, más de 800 expedientes agrarios cuya legalización estaba en trámite antes de la defenestración de Zelaya.

El mandatario depuesto promovió el decreto 18-2008, aprobado por el Congreso, y destinó 700 millones para indemnizar a los propietarios de las tierras que ocupan los labriegos desde hace 30 años.

Sin embargo, la Federación de Ganaderos y Agricultores introdujo ante la Corte Suprema de Justicia un recurso rechazando dicho decreto porque atenta contra la propiedad privada.

Al reincorporarse a sus labores, algunos jefes de departamentos del INA pidieron actas notariales para hacer constar las condiciones en que recibieron sus oficinas. Mientras, de los 56 labriegos desalojados, 38 fueron trasladados a la Penitenciaría Central y la diferencia -tercera edad y mujeres- liberados, informó José Maldonado, vicepresidente del Consejo Nacional Campesino (CNC). Si hay arreglo de la crisis, los campesinos podrían ser liberados.