Se gastaron 18,000 millones sin imputación

La erogación de recursos sin sustento legal marcó el último año de gestión del ex presidente Manuel Zelaya.

A falta de aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, el gobierno de Zelaya invirtió recursos, se presume en proyectos legales y en otras actividades declaradas ilegales, como la cuarta urna y gastos personales, sin contar con ninguna imputación presupuestaria.

Se desconoce a cuánto ascendería lo erogado para proyectos previstos en un plan y los recursos del pueblo que fueron derrochados en fines ajenos a las actividades propias del Estado.

Para determinar la cuantía y deducción de responsabilidades, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) conduce una investigación sobre los gastos sin imputación presupuestaria ejecutados en los últimos meses del gobierno de "Mel". Ya se cuenta con una base del dinero que se habría erogado sin contar con un presupuesto aprobado, lo que da lugar a sospechas de falta de transparencia.

"Se investigan fondos que se sacaron de la Secretaría de Finanzas, se elabora un informe sobre los famosos presupuestos no imputables que ascienden de 17 a 18 mil millones", manifestó Moisés López Alvarenga, director ejecutivo del TSC. Lo que se busca confirmar es si en la ejecución de gastos se violentó la ley de Contratación del Estado y la Ley de Procedimientos Administrativos, entre otras normativas.

El ente contralor investiga si en lo erogado de forma ilegal se afectaron recursos estatales o préstamos o donaciones procedentes de organismos externos.

"Son 18 mil millones de lempiras ejecutados sin imputación presupuestaria en diferentes entidades del Estado, que fueron programadas, supuestamente, para en el futuro ubicarla (en el presupuesto)", explicó.

Esta suma se erogó en los últimos dos meses de 2008 hasta el 28 de junio del presente año.

Sin embargo, el tiempo transcurrió sin que el gobierno de Zelaya remitiera el proyecto de presupuesto al Congreso Nacional para su aprobación. "Al no tener ningún sustento prácticamente se vuelven ilegales o como parte de una corrupción el haber invertido grandes cantidades en hechos que no están debidamente justificados", expresó.

El ente contralor se encuentra en proceso de revisión de todos los decretos aprobados por el Ejecutivo y los informes presentados por Auditorías Internas de entes estatales.

"Cuando terminemos de revisar las cajas con documentos, más otros hallazgos que se están haciendo y el informe que está concluyendo con la Secretaría de Finanzas, el Banco Central y la Tesorería, sabremos con precisión (a cuánto ascienden los gastos no imputables)", manifestó. El TSC determinará la deducción de responsabilidades, sean estas de tipo penal, civil o administrativo. En el caso de presunción de responsabilidad penal los expedientes serán turnados a la Fiscalía contra la Corrupción.

Derroche

De acuerdo con lo investigado por el TSC se contabilizan 126 millones de lempiras en pagos irregulares ejecutados en el gobierno de "Mel".

Esto corresponde solamente al 20 por ciento de la auditoría practicadas en 200 cajas que contiene documentación decomisada en Casa Presidencial, Finanzas, Banco Central de Honduras (BCH) y otras dependencias del Estado.

Entre las acciones irregulares confirmadas por entes contralores y fiscalizadores está el retiro de 50 millones de lempiras en efectivo del BCH para derrocharlos en el ilegal proyecto de la cuarta urna, por el cual la Fiscalía ya interpuso acusaciones ante los tribunales.El TSC registra en los primeros años del gobierno de Zelaya más de 2,350 millones de lempiras en compras directas, validadas en injustificados decretos de emergencia.

"Cada día aperecen más valores, se presentará un informe de lo investigado", dijo.