‘Mel’ tiene que rendir cuentas por corrupción

Los actos de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya no quedarán impunes, manifestó el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Renán Sagastume.

Las comisiones de Zelaya y Micheletti decidieron no incluir amnistía ni moratoria para causas judiciales en el diálogo Guaymuras.

Zelaya enfrenta cargos ante los tribunales por delitos políticos y comunes, por reiteradas violaciones a la Constitución y por actos de corrupción.

“Los actos de tipo político o de corrupción que la Fiscalía ya ha puesto acciones de tipo penal, deberán de continuar y seguir su proceso penal que le corresponde, no hay otra posibilidad jurídica que eso, no existe posibilidad en el estamento jurídico hondureño de que eso no continué”, manifestó Sagastume.

“Por nuestra parte vamos a seguir haciendo nuestras labores de fiscalización que pueden originar responsabilidades civiles o administrativas sin que pueda ser tampoco aceptada por ningún arreglo de este tipo”, agregó.

“No importa de que el señor Zelaya sea restituido o no sea restituido, no tiene importancia porque es el cumplimiento de nuestros deberes y no hay ningún órgano estatal que nos pueda impedir al Tribunal continuar con su labor”, dijo.

Notificación

De lo investigado a la fecha, el TSC redactó tres pliegos de responsabilidad administrativa contra Zelaya por actos de corrupción en su gobierno.

“Tenemos tres pliegos de responsabilidad administrativa para el señor Zelaya Rosales, los cuales no hemos podido notificar por razones obvias”, dijo Sagastume.

Las responsabilidades las impone el TSC a Zelaya por no apoyar investigaciones de denuncias de actos de corrupción en el pago de activistas para el acto de firma de adhesión de Honduras a la Alba, la compra de equipo de canal 8 y el manejo de recursos en el periódico Poder Ciudadano.

“En el momento en que se normalice su situación jurídica, bien sea por la vía de la restitución o vía de la no restitución, porque él tiene el perfecto derecho de vivir en Honduras por ser hondureño, pues entonces se procedería a la notificaciones correspondientes”, afirmó.

En lo que respecta a responsabilidades de tipo penal, el TSC envió cuatro informes a la Fiscalía contra la Corrupción. Ellas son los dos retiros injustificados de 40 y 10 millones de lempiras en efectivo del Banco Central, contratos de publicidad pagados con 30 millones del FHIS mediante la emisión de dos acuerdos ejecutivos “pandos” y el fraude de 40 millones en una agencia de Banadesa en Olancho.

Multas

El TSC garantiza a “Mel” el derecho de defensa, la responsabilidad administrativa implica la imposición de multas de dos mil a un millón de lempiras, por cada caso.