Honduras
Los funcionarios del actual gobierno y los que laborarán en la administración de Porfirio Lobo Sosa están obligados a declarar sus bienes en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En la obligación legal también están incluidos los diputados y alcaldes, entrantes y los que dejan sus cargos; el plazo es de 45 días. Lo que se busca es que con la presentación de la declaración jurada de bienes se garantice transparencia en el ejercicio de la función pública, detectando presunciones del delito de enriquecimiento ilícito.
La declaración jurada de bienes es un requisito legal que deben cumplir los que ocupan cargos públicos y devengan un salario mensual igual o mayor a los 30 mil lempiras, así como los que tienen bajo su cargo bienes del Estado.
En la documentación se reporta la cantidad de bienes que posee antes de ingresar a laborar en la administración pública; la documentación es actualizada cada año para determinar si lo que se adquiere es compatible con el salario que se devenga.
"Las investigación se inicia dependiendo el tipo de declaración que se presente, nosotros consideramos las investigaciones que ameritan hacerse", expresó Miguel Mejía, presidente del TSC.